**Gobierno en apuros: Presupuestos Generales en el aire**

El Gobierno español ha incumplido por tercer año consecutivo el plazo constitucional para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. La razón principal es la dificultad para obtener apoyos suficientes de otras fuerzas políticas. Esta situación ya se anticipó en el cierre del pasado curso político, que evidenció la frágil mayoría que permitió la investidura del presidente Pedro Sánchez.

Desde Moncloa, se ha abandonado la idea de presentar los presupuestos el 30 de septiembre, fecha límite establecida por la Constitución. Sin embargo, el portavoz socialista, Patxi López, ha afirmado que la intención es presentarlos “a la mayor brevedad posible”, aunque no se ha dado una fecha concreta. "El borrador ya está hecho, a falta de hacerse los últimos ajustes", aseguró López en una intervención reciente.

El Consejo de Ministros de este martes se llevó a cabo sin la aprobación del techo de gasto ni de la senda de estabilidad, pasos fundamentales para la elaboración de las nuevas cuentas públicas, que deben cumplir con las reglas fiscales de Bruselas. Desde el PSOE, se muestran confiados en ser el único partido capaz de articular mayorías en positivo y están en conversaciones con otras fuerzas políticas. Sin embargo, Podemos, que se ha situado en la oposición, ha negado esta realidad, aunque ha señalado que “sus condiciones son públicas”.

El voto de Podemos es crucial, ya que una mayoría negativa con el bloque de la derecha (PP, Vox y UPN) podría bloquear los Presupuestos. López ha mencionado algunos de los principales obstáculos en las negociaciones, destacando que “unos piden ser mucho más contundentes con Israel y menos militarismo”, mientras que otros plantean condiciones ajenas a los presupuestos, aunque forman parte de los compromisos del Gobierno.

Uno de los principales puntos de fricción es el aumento de las partidas de defensa, en línea con el compromiso de España y sus aliados de la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania. El Gobierno español ha mostrado reticencias a aceptar las demandas del presidente estadounidense, que exige un gasto del 5% del PIB, cifra considerada inasumible. A pesar de ello, España planea incrementar el gasto militar hasta alcanzar el 2,1% del PIB, como se acordó con la Alianza.

Sin embargo, Sumar ha advertido que no aceptará un aumento en defensa que perjudique las políticas sociales. Esta postura es compartida por sus socios de investidura, como Podemos y el BNG, quienes rechazan cualquier incremento en la compra de armamento, argumentando que esto llevaría a “terribles recortes” en otras áreas. Los socialistas intentan equilibrar la necesidad de rearme, argumentando que “seguridad no es solo defensa, y defensa no es solamente armamento”.

Otro tema complicado es la ley para delegar competencias de inmigración a Cataluña, que ya enfrentó un revés político en el primer Pleno del curso, con los votos en contra de PP, Vox, Podemos, UPN y dos diputados de Sumar. La situación política se presenta compleja, y el futuro de los Presupuestos Generales del Estado sigue en el aire, a la espera de que se logren los consensos necesarios para su aprobación.