SAN JUAN (AP) — La oficina de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico presentó el miércoles una demanda contra el secretario de Justicia de la isla y a su departamento de transportación y obras públicas por compartir información confidencial de inmigrantes sin estatus legal con agentes federales.

Desde 2013, la isla ha permitido que estos inmigrantes obtengan una licencia de conducir, por lo que casi 6.000 personas que han recibido una.

La ACLU ha solicitado que un juez le ordene al departamento de transportación y al gobierno de Puerto Rico que entreguen todos los documentos relacionados con el intercambio de esa información personal.

La ACLU acusó a la agencia de transportación de no proporcionar copias de las solicitudes de información emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS por sus iniciales en inglés) y dependencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), así como evaluaciones legales e información presentada para cumplir con esas solicitudes.

Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, afirmó que el objetivo de la ley de 2013 era “precisamente proteger los datos para fines no migratorios, por lo que el gobierno actuó ilegalmente al proveer dicha información a una entidad federal sin que aparentemente mediara una orden judicial firmada por un juez”.

La ACLU indicó en la demanda que la información confidencial fue compartida con agentes federales entre febrero y marzo.

Las detenciones en curso en Puerto Rico han sorprendido e indignado a muchos en el territorio estadounidense, donde los inmigrantes sin estatus legal habían vivido sin temor a ser detenidos hasta que el presidente Donald Trump implementó una nueva política de línea dura y prometió deportar a millones de personas que se encontraban sin autorización legal en el país.

Desde enero hasta finales de septiembre, agentes del ICE en Puerto Rico han arrestado a por lo menos 1.128 personas sospechosas de estar sin autorización legal en la isla, según la ACLU. La mayoría de ellos son originarios de la vecina República Dominicana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.