Dos empleados de la AMT exigían dinero a cambio de liberar vehículos secuestrados por transporte ilegal. La investigación comenzó tras la denuncia del presidente del organismo por la desaparición de un auto retenido.

Sergio Gonzalo Musso, José Fernando Carrasco y Guillermo Sebastián Villafañe recibieron condenas de entre dos y dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, además de inhabilitación absoluta perpetua. Los tres fueron declarados culpables de solicitar coimas para liberar de forma irregular vehículos que habían sido secuestrados por prestar servicios de transporte ilegal.

La causa se inició cuando el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, denunció la desaparición de un automóvil retenido en una de las playas del organismo. Las cámaras de seguridad registraron el

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