BOGOTÁ (AP) — El acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pasa por un “momento crucial” tras la imposición de las primeras sanciones emitidas por el tribunal que juzga los crímenes de cinco décadas de conflicto interno, concluyó el jueves la ONU.

Las primeras sentencias fueron consideradas un “paso histórico en la búsqueda de justicia”, según el informe trimestral que realiza la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia sobre el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 y que será presentado el viernes ante el Consejo de Seguridad reunido en Nueva York.

La Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que juzga los crímenes del conflicto, sentenció en septiembre a la última cúpula de la antigua FARC por los secuestros de más de 21.000 personas y a un grupo de exmilitares por las ejecuciones extrajudiciales de más de un centenar de víctimas que fueron falsamente presentadas como guerrilleros vencidos en combate.

Los sentenciados recibieron sanciones de entre cinco y ocho años que no implican cárcel sino trabajos comunitarios que pretenderán responder a las víctimas y reparar parte del daño causado.

“A través de este mecanismo innovador, las partes se comprometieron a garantizar la rendición de cuentas por los delitos más graves cometidos durante décadas de conflicto y reparación para las víctimas”, aseguró el secretario general de la ONU, António Guterres, en un comunicado.

La JEP concluyó que los sentenciados aportaron suficiente información sobre los crímenes que cometieron, por lo que recibieron los beneficios jurídicos. Mientras que algunos exmilitares que no los aceptaron afrontan un juicio en el que se exponen a 20 años de cárcel.

El sistema de justicia especial ha sido resaltado por la comunidad internacional como un hito en la búsqueda de la paz en Colombia, pero criticado por algunos sectores internamente como una forma de “impunidad” al no implicar años de cárcel para quienes confiesan sus crímenes.

Guterres instó a los sentenciados a cumplir con las sanciones que serán verificadas por la ONU y al Estado a garantizar los recursos financieros necesarios para las sanciones que incluyen proyectos como la construcción de un “mausoleo de la memoria” con 700 osarios con sus respectivas lápidas en el cementerio de Valledupar, al norte del país.

Tras emitir las sanciones, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, elevó una petición pública al gobierno nacional para que les garantice recursos por aproximadamente 30 millones de dólares que necesitan para implementarlas.