La justicia mexicana atraviesa un momento crítico. La llamada “reforma judicial” fue presentada como un ejercicio democratizador, pero en la práctica ha significado un retroceso institucional: debilitó la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), redujo sus capacidades técnicas y sometió a sus integrantes a la lógica del Ejecutivo. El resultado es un deterioro judicial que no se limita a la Corte, sino que permea a todo el Poder Judicial, desde los tribunales colegiados hasta los jueces de distrito y jueces de control.

Hasta antes de la reforma, la Corte estaba integrada por once ministros y dividida en dos Salas especializadas: una en materias civil y penal, otra en administrativa y laboral. Esa estructura permitía compartir la carga de trabajo y dotaba de especiali

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