**¡Escándalo Judicial! Revocan Arresto al Ministro de Educación**

El Tribunal Superior de Medellín ha revocado la sanción impuesta al ministro de Educación, Daniel Rojas, quien había sido condenado a tres días de arresto y una multa de dos salarios mínimos por incumplir un fallo judicial. Este caso se origina en una disputa entre el Ministerio de Educación y la Gobernación de Antioquia, relacionada con una deuda de aproximadamente 3.800 millones de pesos en cesantías a docentes.

El conflicto comenzó cuando la Gobernación solicitó información al Ministerio sobre los pagos de cesantías, argumentando que el gobierno nacional había intentado trasladar la responsabilidad de estos pagos al departamento. La Gobernación exigió documentos específicos, incluyendo copias de comprobantes de pago y actas de conciliación. Sin embargo, el Ministerio respondió que no había entregado toda la información requerida, lo que llevó a la Gobernación a interponer una tutela.

El 2 de octubre de 2025, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín falló en contra del ministro, considerando que había incumplido el fallo judicial y decretó las sanciones. Sin embargo, esta decisión fue apelada y revisada por el Tribunal Superior de Medellín, que el 23 de septiembre de 2025 determinó que el Ministerio había respondido de manera adecuada a la solicitud de la Gobernación. El tribunal concluyó que los documentos que la Gobernación consideraba faltantes eran parte de una nueva solicitud y no de la original.

El Tribunal declaró improcedente la acción de tutela y, por lo tanto, dejó sin efecto la sanción de arresto y multa. En un comunicado, el Ministerio de Educación afirmó: “No existe sanción vigente de arresto o multa contra el ministro de Educación Daniel Rojas. El Tribunal Superior de Medellín revocó la tutela y deja sin piso jurídico dicha sanción”.

Este incidente ha generado reacciones en el ámbito político, con algunos concejales criticando la decisión del juzgado inicial, mientras que desde el Ministerio se defendió que su actuación fue legal. La situación también pone de relieve la tensión entre la transparencia en la administración pública y la obligación del Estado de responder a solicitudes legítimas de información.

A pesar de la revocación de la sanción, el conflicto sobre el pago de cesantías y la distribución de responsabilidades entre el gobierno nacional y el departamental sigue sin resolverse, lo que podría dar lugar a futuros recursos legales. La opinión pública continuará observando cómo se manejan estos temas de cumplimiento judicial y relaciones intergubernamentales en el futuro.