BOSTON (AP) — Este verano, en el lapso de un mes, cuatro tribunales federales distintos rechazaron la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que ponía fin a la ciudadanía automática para los hijos de personas que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal.

El viernes, un tribunal más se pronunció, y el resultado no fue diferente.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito de Boston determinó, en una decisión unánime, que el presidente republicano no puede hacer cumplir la orden. El tribunal se sumó a los otros cuatro que anteriormente habían emitido o mantenido decisiones que bloqueaban dicha orden a nivel nacional.

Es casi seguro que la Corte Suprema de Estados Unidos tenga la última palabra sobre la ciudadanía por nacimiento. El gobierno de Trump ya ha solicitado al máximo tribunal que aborde el tema.

Los jueces federales han dejado claro en qué medida su orden entra en conflicto con el precedente de la Corte Suprema, por no hablar de la Constitución. El máximo tribunal no está obligado por lo que esos jueces de tribunales inferiores han dicho, y ni siquiera por sus propios fallos anteriores. No obstante, esas derrotas podrían significar una lucha cuesta arriba para su gobierno, incluso frente a los jueces, que hasta ahora han apoyado al presidente en muchos desafíos legales a su esfuerzo por reformar el gobierno.

El derecho a la ciudadanía por nacimiento ha sido durante mucho tiempo un principio fundamental en Estados Unidos, ampliamente aceptado como un derecho otorgado por la 14ta Enmienda a la Constitución efectuada en 1868. Se pretendía asegurar que las personas negras, incluidos los antiguos esclavos, tuvieran una ciudadanía.

La enmienda incluye una cláusula de ciudadanía que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y “sujetas a su jurisdicción” son ciudadanos.

Los abogados del gobierno han argumentado que la inclusión de la frase “sujetas a su jurisdicción” significa que la ciudadanía no se confiere automáticamente a los niños basándose en su nacimiento en Estados Unidos. Sostienen que requiere que los menores tengan lealtad primaria a Estados Unidos, y las personas que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal —y por extensión, sus hijos— no pueden afirmar eso porque su hogar permanente es otro país al que está vinculada esa lealtad.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo el viernes en un comunicado que el 1er Circuito estaba interpretando erróneamente la 14ta Enmienda.

Los académicos legales dicen que la interpretación del gobierno se contradice con la historia de la enmienda y los fallos posteriores de la Corte Suprema.

Los expertos afirman que los miembros del Congreso que debatieron la enmienda entendieron claramente que establecería una definición amplia de ciudadanía por nacimiento que incluiría a los hijos de inmigrantes, y que la frase “sujetas a su jurisdicción” significa estar sujetos a la ley de Estados Unidos. Los hijos de nativos americanos en tierras tribales y los hijos de diplomáticos extranjeros —ambos con inmunidad de la autoridad soberana de Estados Unidos— eran los principales grupos de personas que la cláusula excluía de la ciudadanía por nacimiento, según los académicos.

En 1898, la Corte Suprema, en una decisión histórica, determinó que el hijo de inmigrantes chinos era ciudadano estadounidense en virtud de la 14ta Enmienda, basándose que había nacido en San Francisco. El máximo tribunal nunca ha fallado directamente sobre la aplicación de la cláusula de ciudadanía a los hijos de inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente, pero una nota al pie en una decisión de 1982 sugiere que no debería haber diferencia entre ellos y los hijos de padres nacidos en el extranjero que están en Estados Unidos legalmente.

La mayoría conservadora del tribunal admitió una impugnación a la orden de ciudadanía por nacimiento a principios de este año, pero no decidió su constitucionalidad. En cambio, utilizó el caso para emitir un fallo en junio que limita el poder de los tribunales inferiores para emitir mandatos judiciales a nivel nacional, lo que constituyó una victoria para el gobierno.

Comenzando con un juez federal de Nueva Hampshire, un tribunal tras otro ha bloqueado la orden.

En junio, los jueces no descartaron órdenes judiciales con efectos a escala nacional en demandas colectivas y demandas presentadas por estados.

Dos de los jueces que recientemente fallaron en contra de la orden de ciudadanía por nacimiento certificaron un colectivo que incluye a todos los niños nacidos en Estados Unidos después de la fecha de entrada en vigor de la orden en febrero, a quienes se les negaría la ciudadanía sobre esa base.

En otros dos fallos, los tribunales coincidieron con los estados en que un enfoque fragmentado para implementar la orden no los liberaría de su carga financiera, señalando el movimiento regular de personas entre estados y la posibilidad de que un residente de un estado dé a luz en otro. El estatus de ciudadanía es un requisito previo para ciertos beneficios gubernamentales, por lo que los estados demandantes tendrían que reformar sus sistemas de elegibilidad para tener en cuenta tales distinciones, según los fallos del 9no Circuito de Estados Unidos y un juez federal en Boston.

El 1er Circuito dijo que su decisión fue fácil.

“La extensión de nuestro análisis no debe confundirse con una señal de que la cuestión fundamental que estos casos plantean sobre el alcance de la ciudadanía por nacimiento es difícil”, escribió el juez principal David Barron. “No lo es, lo que puede explicar por qué ha pasado más de un siglo desde que una rama de nuestro gobierno ha hecho un esfuerzo tan concertado como el que ahora hace el Poder Ejecutivo para negar a los estadounidenses su derecho de nacimiento.”

En su declaración del viernes, Jackson dijo que la administración esperaba “ser reivindicada por la Corte Suprema”.

Para hacer cumplir la orden, los funcionarios del gobierno necesitarían confirmar la ciudadanía o el estatus migratorio de los padres antes de emitir números de Seguro Social. Las solicitudes de pasaporte también requerirían prueba de la ciudadanía o del estatus migratorio de los padres, según documentos de orientación recientes publicados por el gobierno.

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Thanawala informó desde Atlanta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.