**¡Aborto en España: 40 años de lucha y cambios!**

Han transcurrido 40 años desde que se legalizó el aborto en España, pero la interrupción del embarazo sigue siendo mayoritariamente un procedimiento privado. En 2024, se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), lo que representa un aumento del 3% en comparación con el año anterior. De estas, solo el 21,25% se realizaron en centros públicos, es decir, 22.563 procedimientos, un incremento leve que aún no satisface la demanda de la sociedad española.

Los datos del Ministerio de Sanidad indican que las IVE se llevan a cabo en 248 centros a nivel nacional, 48 más que en 2015. Aunque la mayoría de estos centros (169) son de titularidad pública, su participación en el total de IVE es mínima. Actualmente, la sanidad privada realiza el 78,74% de todos los abortos, y en algunas comunidades autónomas, se llevan a cabo exclusivamente en el sector privado.

A pesar de la reforma de 2023, que instó a los centros públicos a garantizar el personal necesario para el acceso a la IVE, en algunas regiones, este servicio es prácticamente inexistente. Por ejemplo, Extremadura no registró ningún aborto en su sanidad pública, mientras que Castilla-La Mancha reportó solo dos de los 3.579 abortos en centros públicos. En total, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tampoco ofrecieron interrupciones del embarazo en sus centros públicos, registrando 165 procedimientos, todos en clínicas privadas.

En otras comunidades, la situación es dispar. Andalucía realizó 19.787 IVE en 2024, pero solo el 0,03% se llevaron a cabo en su sanidad pública. Madrid, Murcia, Asturias, Aragón y el País Vasco también se encuentran por debajo del 5% en la atención pública. Sin embargo, en Cantabria, el 88,49% de los abortos se realizaron en la sanidad pública, seguido de Galicia (77,02%), La Rioja (76,11%), Navarra (74,82%), Baleares (61,30%) y Cataluña (55,67%).

En un contexto de creciente preocupación por los derechos sexuales y reproductivos, el Gobierno español ha anunciado su intención de proponer una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Constitución. Esta decisión se produce tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Madrid de una propuesta que informaba a las mujeres sobre un supuesto síndrome postaborto, sin evidencia científica que lo respalde. Desde la Moncloa, se ha afirmado que "en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".

Si se aprueba esta reforma, España se convertiría en el segundo país del mundo en proteger el aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciera en marzo de 2024. Sin embargo, el camino legislativo es complicado, ya que se requiere una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado para llevar a cabo esta reforma ordinaria.