**¡Reforma Judicial en Entre Ríos: Un Cambio Controversial!**

El Senado de Entre Ríos aprobó el miércoles 1° de noviembre una reforma a la Ley Nº 10.746 de juicio por jurados, que fue sancionada en 2019 y aplicada desde 2020. Esta modificación, impulsada por el Poder Ejecutivo, recibió 14 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Sin embargo, ha generado un fuerte rechazo entre sectores judiciales, organizaciones de víctimas y referentes sociales.

Los críticos de la reforma argumentan que limita la competencia del jurado popular, afectando el derecho a ser juzgado por pares, tal como establece el artículo 118 de la Constitución Nacional. La reforma modifica los artículos 2º, 46 y 96 de la ley, estableciendo que solo serán juzgados por jurados aquellos delitos cuya pena máxima sea superior a 20 años de prisión. Esto significa que muchos delitos quedarán fuera de la órbita de los jurados populares y serán juzgados por un juez técnico.

Carla Cusimano, presidenta de la Asociación Víctimas de Delitos Aberrantes Entre Ríos (Vidaer), expresó su preocupación, afirmando que “esto cercena un derecho a ser juzgados por nuestros pares, un derecho establecido en nuestra Constitución Nacional y Provincial”. Cusimano criticó los argumentos del Ejecutivo, señalando que la falta de juicios no se debe a la ley, sino a una “falta de voluntad política” del Poder Judicial para implementar adecuadamente el sistema de jurados.

La reforma se justifica por la existencia de un "cuello de botella" en los juicios pendientes. Sin embargo, Cusimano destacó que en cinco años de implementación solo se han creado dos cargos y se ha dispuesto un único salón en Paraná para realizar juicios por jurado. “En lugar de haber hecho 30 juicios, se podrían haber hecho 90 si se hubiera trabajado en serio”, afirmó.

El juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, también criticó la reforma, considerándola “inconstitucional” y advirtiendo que podría ser declarada así por la Corte Suprema. El abogado penalista Damián Petenatti coincidió, afirmando que Entre Ríos está retrocediendo en comparación con otras provincias que avanzan en este sistema.

Por otro lado, algunos senadores a favor de la reforma argumentaron que es necesaria para garantizar el acceso a la justicia en una provincia con más de 190 juicios pendientes. Aseguraron que la modificación es transitoria y busca agilizar los procesos judiciales, protegiendo los derechos de las víctimas. También mencionaron que, en ciertos casos, es preferible que delitos como abusos sexuales sean juzgados por jueces técnicos para evitar la revictimización.

La senadora Patricia Díaz, quien votó en contra, advirtió que “ninguna crisis justifica debilitar derechos”, mientras que la dirigente Nadia Burgos propuso medidas más profundas, como la elección directa de jueces y fiscales por voto popular. La controversia en torno a esta reforma continúa, reflejando un profundo debate sobre el sistema judicial en Entre Ríos.