Pedro Sánchez da tres meses a las comunidades autónomas que aún no tienen el Registro de Objetores que estableció la reforma de la ley del aborto con el objetivo de conocer cuántos profesionales hay disponibles en los hospitales públicos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente del Gobierno ha enviado una carta a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid instándoles a que cumplan con la normativa en ese plazo antes de recurrir a la vía judicial.

“Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, señala Sánchez en la misiva en la que recuerda que las correspondientes comunidades autónomas aún no han regulado ni creado un Registro de Personas Objetoras de Conciencia, como estableció la reforma de la ley del aborto hace dos años. En diciembre del año pasado, el Consejo Interterritorial de Salud aprobó un protocolo para el desarrollo de los registros.

“Dicho registro es una herramienta indispensable para poder garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos”, explica el presidente del Gobierno, que ha aprovechado la polémica norma aprobada en el Ayuntamiento de Madrid por PP y Vox , que pretende obligar a los trabajadores públicos a informar a las mujeres que quieran abortar de un supuesto síndrome post-aborto, para impulsar ese derecho, con medidas como la reforma de la Constitución para blindarlo como un derecho fundamental.

Sánchez recuerda al socialista Adrián Barbón y a los populares Jorge Azcón, Marga Prohens e Isabel Díaz Ayuso que la creación del registro es de “obligado cumplimiento”. “El respeto al derecho a la objeción de conciencia no debe ser, en ningún caso, un impedimento para el acceso efectivo de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud, sea cual sea su territorio”, argumenta Sánchez.

El Gobierno da un plazo de tres meses a esas cuatro comunidades autónomas para que establezcan dichos registros con la intención de que los hospitales públicos tengan los profesionales suficientes para practicar abortos. “En el caso de que, transcurridos tres meses desde la recepción de este requerimiento, no lo hubiera hecho, se activarán los mecanismos legales oportunos para exigir su cumplimiento”, avisa Sánchez. El Gobierno tiene dos opciones: recurrir al Tribunal Constitucional o activar procedimiento contencioso-administrativo para forzar el cumplimiento de la ley.

“El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías”, termina la carta.

La nueva arremetida de PP y Vox contra el aborto ha provocado la reacción inmediata de los socialistas, que han lanzado una batería de iniciativas para intentar proteger ese derecho de las mujeres. Sánchez anunció el viernes la reforma constitucional para blindar ese derecho, aunque la iniciativa requiere del apoyo de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha cerrado la puerta ante un debate que es especialmente delicado en sus filas. La estrategia de Sánchez busca retratar al PP en aquellas materias en las que se ve arrastrado por su competencia con la ultraderecha, como el genocidio en Gaza, la inmigración o la emergencia climática.

El Gobierno también aprobará una modificación del decreto que desarrolla la ley del aborto con la intención de prohibir que las mujeres que van a abortar “reciban información falsa o sin evidencia científica”, como pretendía la iniciativa de Vox secundada por el PP en Madrid. “La reforma establecerá la obligación de que toda la información que se brinde en materia de interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por estándares de las instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA). Teorías sin base científica como el supuesto ‘síndrome posaborto’ no tendrían cabida en estas clasificaciones”, explicaron el viernes fuentes gubernamentales.