El líder del PP debería releer el artículo 9.2 de la Constitución Española que afirma que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad y la igualdad sean plenamente efectivas

Feijóo dice que la representación del PPE en la Eurocámara supone que “Europa ha despertado”: “La izquierda le ha vendido que era más buena la democracia que la prosperidad”

Las constantes intervenciones de Feijóo buscando un protagonismo que no tiene, emparedado como está entre Vox y Díaz Ayuso, le obligan a un despliegue de propuestas y ocurrencias que, al margen de su evidente finalidad mediática, no dejan de darle disgustos. La última es la esperpéntica y muy preocupante afirmación sobre que “Europa ha salido de la cárcel ideológica de la izquierda que le vendía que era buena la democracia más que la prosperidad”. Hemos de reconocer que no es fácil tratar de emitir ideas coherentes si quieres atraer a los votantes de Vox y al mismo tiempo no perder conexiones ni con un electorado centrista ni con la posición mayoritaria del conservadurismo europeo, pero enfrentar democracia y prosperidad y aludir a Europa para justificarlo supera lo imaginable.

La idea de que la democracia y las políticas sociales y redistributivas que conlleva su concepción profunda entran en tensión con la prosperidad económica no es nueva. Aunque no siempre se formula como una dicotomía explícita entre “democracia” y “prosperidad”, sí existe una línea en el conservadurismo occidental que ha tendido a priorizar la libertad económica y a reducir la intervención estatal. En esta perspectiva, las políticas de bienestar social, los altos impuestos y la redistribución de la riqueza pueden ser percibidos como obstáculos para el crecimiento económico. Como bien sabemos, el argumento central es que estas medidas desincentivan la inversión, el trabajo y la iniciativa individual, y que fomentan una dependencia excesiva del Estado. Pero defender estas ideas desde la dirección de un partido que se dice plenamente constitucional y que ha gobernado España a lo largo de muchos años muestra una pérdida de rumbo inusitada.

Feijóo debería releer el artículo 9.2 de la Constitución Española que afirma que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten que la libertad y la igualdad sean plenamente efectivas. La democracia no es solo votar cada cierto tiempo. La democracia es también garantizar que libertad e igualdad sean efectivas y no meras declaraciones de intenciones. Y eso exige capacidad redistributiva para compensar lo que la economía de mercado estructuralmente genera que es desigualdad.

Las investigaciones de premios Nobel como Daron Acemoglu y James Robinson recuerdan y confirman que la democracia, al fomentar instituciones políticas y económicas inclusivas, crea un entorno favorable para el desarrollo económico a largo plazo, y que la inversión en protección social y las politicas redistributivas generan un rendimiento positivo en términos de crecimiento económico global, un crecimiento duradero ya que mejora la salud, la educación y, por ende, la productividad. Un organismo como el FMI, no sospechoso de izquierdismo igualitarista, apunta a que una mayor igualdad apuntala crecimientos duraderos.

El ruido desencadenado tras esa afirmación de Feijóo ha obligado a que en la cuenta oficial del PP se haya aclarado que todo se debió a un “lapsus” y que a lo que realmente quería aludir Feijoo era a “burocracia” y no a “democracia”. El intento de salir del entuerto aludiendo a la burocracia, aparte de patético, en la práctica apunta a lo mismo que hacen los ultraautoritarios en sus proclamas: afirmar que la democracia y sus políticas sociales solo sirven para que los impuestos que pagamos alimenten a un sinfín de burócratas que viven a costa del esfuerzo de todos.

No descubrimos nada nuevo si recordamos que, en ciertas épocas, a los más poderosos les han molestado las reglas y las normativas demasiado estrictas, y han preferido el “sálvese quien pueda”. Lo que sorprende en pleno siglo XXI es que volvemos a oír la cantinela de que si se quiere que todo vaya mejor debemos dejarnos de tantos obstáculos procedimentales. Es evidente que hay mucho camino de mejora en el exceso de reglamentación y de trámites a cumplir, pero lo que no se puede hacer, argumentando además que se hace en beneficio de todos, es decir que ya basta de tantas normativas ambientales, de tanta legislación que protege derechos individuales y colectivos en el mundo del trabajo o en la regulación urbanística. Lo que tenemos ahora es un exceso de regulación procedimentalista, pero no un exceso de protección de valores básicos y fundamentales que han costado muchos años de luchas conseguir.

La ola ultraconservadora y autoritaria que ha ido creciendo apunta a poner en cuestión las mismas bases de la democracia avanzada que se generaron en 1945 como alianza contra el fascismo autoritario y contra las alternativas tambien autoritarias del bloque soviético. Detrás estaba la experiencia de Roosevelt tratando de salir adelante tras en crack del 29, el informe Beverig¡dge de 1943 y los pactos constitucionales de las fuerzas antifascistas en toda Europa. Como nos recordaba recientemente la ensayista francesa Sophie Baby“, la derecha española no asumió el paradigma antifascista pos-1945”. De aquello polvos, estos lodos.