**Dina Boluarte frena aumento de pensiones a docentes jubilados**

La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha decidido observar la ley que establecía un aumento de pensión a S/ 3.300 para los docentes jubilados y cesantes. Esta norma, aprobada por el Congreso con 66 votos a favor, fue devuelta al Legislativo debido a objeciones del Ejecutivo sobre su constitucionalidad y su impacto en el sistema de pensiones.

La ley, que buscaba elevar las pensiones mensuales de S/ 800 a S/ 3.300 para aproximadamente 162.000 profesores, se enmarca en los decretos leyes 19990 y 20530, así como en la Ley de Reforma Magisterial. Este incremento equivaldría a la primera escala remunerativa vigente para docentes en actividad. La propuesta surgió tras manifestaciones del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), cuyo secretario general, Lucio Castro, destacó la necesidad de mejorar las pensiones, argumentando que "los montos actuales no cubren ni la canasta básica familiar".

El exministro de Educación, Idel Vexler, también se pronunció a favor de la ley, sugiriendo que su implementación podría ser progresiva. Sin embargo, la decisión de Boluarte ha generado críticas inmediatas. La congresista Flor Pablo expresó su descontento, señalando que el Ejecutivo no presentó alternativas para mejorar las pensiones de los maestros jubilados.

El Sutep, por su parte, rechazó la observación y exigió al Congreso que apruebe la ley por insistencia, argumentando que el gobierno no cumplió con sus compromisos hacia los docentes. En un comunicado, el sindicato advirtió que esta es una oportunidad para que los congresistas otorguen pensiones dignas a quienes han dedicado su vida a la educación.

El proceso legislativo ahora se reanuda, ya que el Congreso deberá evaluar las observaciones del Ejecutivo. Según la Constitución, el Legislativo tiene 15 días para decidir si modifica la ley, insiste en su texto original o propone un nuevo proyecto. Si se opta por la insistencia y se aprueba por mayoría simple, la ley podría ser promulgada por la presidencia del Congreso, adquiriendo fuerza de ley al día siguiente de su publicación.

La situación actual deja en manos del Congreso la decisión final sobre el aumento de pensiones, considerando tanto las demandas del magisterio como las advertencias sobre la sostenibilidad financiera de la norma.