Ninguna reunión del gabinete de Ayuso sin ataques al Gobierno central. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha pedido tras su reunión semanal, celebrada este miércoles en Navalcarnero, a Óscar Puente que “deje de ser moroso” y abone 250 millones de euros, que según las cuentas de la administración regional, le debe el Ministerio. De ellos, 126 millones corresponden a la aportación ordinaria del Ministerio de Fomento, y otros 126 corresponden al dinero adelantado por Madrid para las bonificaciones extraordinarias al transporte y porque, de no hacerlo, está poniendo en riesgo a los operadores: a Cercanías, a Metro, a los Interurbanos, a todos los que forman parte del Consorcio Regional de Transporte.

El consejero de Presidencia, Miguel Ángel Martín, aseguró que él mismo había enviado en las últimas horas una carta a Puente para que agilice esos pagos. Antes de lanzar esos reproches al Ministerio, el portavoz del Gobierno madrileño trató de vender como un servicio de la Comunidad de Madrid a Navalcarnero, el municipio donde se celebró la reunión semanal del gabinete, la puesta a disposición de los terrenos en manos de la Comunidad de Madrid donde se iba a construir la línea férrea entre Navalcarnero y Móstoles que anteriores gobiernos del PP en la Comunidad descartaron. 

El portavoz de Ayuso obvió que se trata de un proyecto abandonado por anteriores Gobiernos de la Comunidad de Madrid, donde ya se habían invertido más de 150 millones de euros, y trató de encomendar la responsabilidad al Gobierno central. El proyecto estuvo rodeado de polémica desde su nacimiento en 2007, cuando era consejera de Transportes de Madrid, María Dolores de Cospedal.

La adjudicación de la obra a OHL, entonces propiedad del grupo del empresario Villar Mir, amigo personal de la presidenta Esperanza Aguirre, tuvo detrás una operación de  Javier López Madrid , entonces consejero, y el director general de construcción de la compañía, con el pago de  una comisión de 2,5 millones  a varios altos cargos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, supuestamente,  Ignacio González , entonces vicepresidente con Esperanza Aguirre. El asunto todavía se investiga en la Audiencia Nacional, después de que OHL recibiese una adjudicación por 360 millones de euros.

“Reivindicaciones de la ciudadanía”

El Gobierno de Ayuso pasó este miércoles por encima de todos esos detalles y trato de endosar la responsabilidad de la obra al Gobierno central. “Desde el año 2021 y lo hemos reiterado en 2023 con todos los ministros ofreciéndole toda esa infraestructura y todos los suelos que en este momento son propiedad de Madrid para que el Ministerio pueda asumir sus consecuencias en materia de gestión de Cercanía y pueda concluir esa obra y, por tanto, ampliar el servicio de Cercanías a esta zona de la Comunidad de Madrid, que está siendo una de las reivindicaciones de la ciudadanía”, ha dicho el portavoz de Ayuso. 

“Nosotros seguiremos trabajando poniendo a su disposición toda la infraestructura realizada, toda la inversión, más de 150 millones que hemos realizado, y todo el conocimiento, el expertise y toda la documentación que nos pueda solicitar”. Justo después de pedir al Gobierno que acabe la obra abandonada por la Comunidad de Madrid, el consejero de Presidencia de Ayuso llamó moroso al ministerio que aceptó rematar la infraestructura y le urgió a abandonar 250 millones de euros a la Comunidad de Madrid.