Las democracias se preocupan por quién financia la política con el objetivo de que el dinero privado no termine capturando al Estado. Esto significa que grupos con intereses particulares (como empresas o el crimen organizado) podrían llegar a controlar las decisiones de políticas públicas, desviándolas del interés ciudadano.

Por eso, las leyes de financiamiento político existen para limitar esa influencia, regulando quién, cuánto y cómo se puede aportar dinero a la política. El objetivo es asegurar una competencia justa y prevenir la corrupción.

Por eso, no sorprendió la alarma que generó el reciente caso del diputado José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, un empresario argentino bajo investigación en Estados Unidos por presuntos lazos con el narcotráfico. El episodio pone sobre

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