**¡Gran Paro Nacional en Perú! Protestas contra el Gobierno**

El 15 de octubre, Perú se prepara para una jornada de protestas masivas. Diversas organizaciones sociales y gremios han convocado un paro nacional en rechazo al Gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República. La movilización busca expresar el descontento por la creciente ola de inseguridad, extorsiones y la falta de empleo en el país.

La convocatoria, que se presenta como una “gran marcha nacional”, tiene como objetivo reunir a estudiantes, trabajadores y transportistas en diferentes regiones. Este llamado surge en un clima de malestar acumulado, especialmente tras recientes incidentes violentos, como el asesinato de conductores y un ataque armado en un concierto de Agua Marina, donde cuatro personas resultaron heridas.

El Bloque Universitario, que agrupa a estudiantes de universidades como San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP, es uno de los principales organizadores. Los jóvenes ya habían marchado en Lima el 7 de octubre, donde expresaron su rechazo a lo que consideran una “dictadura del Congreso y el Ejecutivo”. Durante esa manifestación, portaron pancartas con mensajes como “El pueblo no se rinde” y “Siempre de pie, nunca de rodillas”.

El paro nacional busca poner de relieve la falta de acción del Gobierno frente a la inseguridad y la corrupción. Los convocantes denuncian que el Ejecutivo ha sido incapaz de controlar el avance de las mafias dedicadas a la extorsión y el sicariato, además de no ofrecer respuestas concretas a los problemas laborales que afectan a miles de peruanos.

Los gremios del transporte también han confirmado su participación en la movilización. Dirigentes como Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Julio Campos, representante de la Alianza Nacional de Transportistas, han expresado su apoyo al paro. Además, están considerando realizar una movilización anticipada el 13 de octubre. Los transportistas exigen la derogatoria de la Ley N.º 32108, que modifica la norma sobre crimen organizado, y piden la declaratoria de emergencia del sector transporte, así como justicia para las víctimas del sicariato.

El descontento ciudadano se alimenta de hechos concretos. En Lima y Callao, más de 80 conductores han sido asesinados este año por negarse a pagar cupos. Comerciantes y pequeños empresarios en varias regiones denuncian amenazas constantes y cobros ilegales. Las extorsiones han alcanzado a colegios, mercados y líneas de transporte urbano, generando un clima de temor en la población. El ataque armado en el concierto de Agua Marina en Chorrillos ha reforzado la sensación de vulnerabilidad, evidenciando cómo la violencia se ha extendido a espacios de recreación familiar. Las críticas hacia el Gobierno se centran en la falta de respuestas efectivas ante esta crisis de seguridad.