Una jueza bloqueó el jueves el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en el área de Chicago por al menos dos semanas, después de que no encontró evidencia sustancial de que se esté gestando un “peligro de rebelión” en Illinois durante la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump.

El fallo es una victoria para los funcionarios demócratas que llevan las riendas del gobierno del estado y la ciudad y que han intercambiado ataques con Trump sobre su intención de desplegar tropas en grandes zonas urbanas.

“El tribunal confirmó lo que todos sabemos: No hay evidencia creíble de una rebelión en el estado de Illinois. Y no hay lugar para la Guardia Nacional en las calles de ciudades estadounidenses como Chicago”, declaró el gobernador JB Pritzker.

La jueza federal April Perry señaló que el gobierno violó la 10ª Enmienda de la Constitución, la cual otorga ciertos poderes a los estados, y la 14ª Enmienda, la cual garantiza el debido proceso y la protección igualitaria.

No está claro que es lo que harán ahora las tropas, incluido un pequeño número de soldados que se ubicaron fuera de un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) en Broadview. Funcionarios del Comando Norte de Estados Unidos refirieron cualquier pregunta al Departamento de Defensa, el cual se negó a comentar sobre un litigio en curso.

La demanda fue presentada el lunes por la ciudad de Chicago y el estado de Illinois mientras elementos de la Guardia de Texas e Illinois se dirigían a un Centro de Reserva del Ejército en Elwood, al suroeste de Chicago. Los 500 efectivos están a las órdenes del Comando Norte de Estados Unidos y habían sido activados por 60 días.

Algunos pasaron la noche del miércoles durmiendo en camionetas fuera del edificio en Broadview, un suburbio de Chicago, y por la mañana del jueves iniciaron su patrullaje detrás de cercas portátiles. La instalación del ICE ha sido escenario de enfrentamientos ocasionales entre manifestantes y agentes federales durante algunas semanas.

Horas antes el jueves, el abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, dijo que la misión de la Guardia sería proteger propiedades federales y a los agentes del gobierno en el campo, no “resolver todo el crimen en Chicago”.

La Ley Posse Comitatus, promulgada hace casi 150 años, limita el papel del ejército en la aplicación de las leyes en territorio nacional. Sin embargo, Trump ha dicho que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, la cual permite que el presidente ordene el envío de militares en servicio activo a estados que no pueden sofocar una insurrección o desafían la ley federal.

“Chicago está viendo una nueva y descarada forma de hostilidad por parte de alborotadores que atacan a las fuerzas federales del orden", le dijo Hamilton a la jueza.

Perry, sin embargo, no se dejó convencer.

“No he visto evidencia crítica de que haya un peligro de rebelión en el estado de Illinois”, señaló horas después.

La jueza dijo que la orden expiraría a las 11:59 de la noche del 23 de octubre. Programó una audiencia telefónica para el día anterior con el fin de determinar si la orden deberá extenderse por otros 14 días.

Perry señaló que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) están arraigadas en gran medida en la "animosidad hacia los funcionarios electos de Illinois" por parte de Trump. Expresó escepticismo en torno a la caracterización del gobierno federal sobre las protestas en Broadview.

“La narrativa de los eventos por parte del DHS simplemente es poco confiable”, dijo Perry, quien fue nombrada al tribunal por el presidente Joe Biden.

La ciudad y el estado han dicho que los despliegues son innecesarios e ilegales.

“El presidente no tiene la discreción ilimitada para voltear al ejército de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos cuando ejercen sus derechos constitucionales", dijo el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul.

Mientras tanto, Trump ha retratado a Chicago como un “infierno” fuera de la ley, a pesar de que las estadísticas demuestran una disminución significativa en los índices delictivos en la ciudad. Aseguró que Pritzker y el alcalde de Chicago Brandon Johnson deberían ser arrestados por no proteger a los agentes durante las redadas de inmigración. La respuesta de Pritzker: “Ven por mí”.

También el jueves, un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos sobre si Trump tenía la autoridad para tomar el control de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon. El presidente tenía planeado su despliegue en Portland, donde ha habido protestas, en su mayoría pequeñas, fuera de un edificio del ICE.

Una jueza otorgó el domingo una orden de restricción temporal que bloquea la medida. Trump había movilizado tropas de California hacia Portland apenas unas horas después de que la jueza le impidiera por primera vez emplear a la Guardia de Oregon.

Alrededor de otra veintena de estados con secretarios de Justicia o gobernadores demócratas firmaron un documento judicial en apoyo a la impugnación legal de California y Oregon. Otros veinte, encabezados por Iowa, expresaron su respaldo al gobierno de Trump.

El tribunal federal de Chicago emitió esta semana otras decisiones relacionadas con la aplicación de las leyes de inmigración. En una de ellas, un juez dijo que los agentes de inmigración han violado repetidamente un decreto de consentimiento de 2022 que detalla la manera en que el ICE puede realizar arrestos sin una orden judicial. Ese decreto requiere que la agencia presente documentación para cada arresto de una persona que no haya sido un objetivo.

Los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes creen que cientos de personas arrestadas en las inmediaciones de Chicago podrían ser elegibles para una reducción de la fianza o para que se les retiren las tobilleras de rastreo.

Trump había enviado previamente a tropas a Los Ángeles y Washington. En Memphis, Tennessee, el alcalde Paul Young dijo que los militares comenzarían a patrullar el viernes. El gobernador de Tennessee, el republicano Bill Lee, apoya esa función.

La jefa de policía Cerelyn “CJ” Davis dijo que tiene previsto que la Guardia sea utilizada para dirigir el tráfico y tener presencia en los corredores comerciales, pero no para puntos de control o funciones similares.

Añadió que no quiere que Memphis “sienta que hay una militarización excesiva en nuestras comunidades”.

En un caso de California, un juez determinó en septiembre que el despliegue era ilegal. Para ese momento, solo 300 de los miles de soldados permanecían en la ciudad. El magistrado no ordenó que se retiraran.

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Los periodistas de The Associated Press Ed White en Detroit, Geoff Mulvihill en Filadelfia, Adrian Sainz en Memphis, Tennessee, y Konstantin Toropin en Washington, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.