Las penas por cometer estos delitos rondan entre uno y doce años de prisión y las multas en más de 300 mil pesos

La propuesta de Ley General de Aguas (LGA) busca establecer un catálogo de delitos hídricos que sancionen el tráfico de agua, la alteración de cuerpos de agua y la corrupción de personas servidoras públicas para obtener permisos y concesiones, delitos que serán perseguidos de oficios de acuerdo a la iniciativa.

La propuesta presentada en la Gaceta Parlamentaria este 9 de octubre establece entre dos y diez años de prisión “a quien traslade aguas nacionales con fines de lucro sin contar con la autorización o permiso expedidos por la autoridad competente”, al igual que a quien “altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales”, que afecte o pon

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