**¡Escándalo por la libertad condicional de un agresor!**

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se pronunció en su cuenta de X sobre la libertad condicional otorgada a Mauricio Ortega, el agresor de Nabila Rifo, tras la controversia generada. Orellana enfatizó que “proteger la dignidad de las mujeres que han vivido violencia es responsabilidad de todas/os” y llamó a evitar la revictimización.

En un video que acompañó su mensaje, la ministra abordó las acusaciones que apuntan a una supuesta falta de acción del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG). “¿Se entregó la libertad condicional a Mauricio Ortega porque el SernamEG no hizo su trabajo? No, eso es falso”, afirmó, respaldando su postura con el marco legal vigente.

Orellana explicó que la ley establece que las víctimas deben ser notificadas si el agresor solicita libertad condicional. “Esto se definió en 2017 y es vía domicilio”, aclaró, añadiendo que la notificación debe ser accesible, especialmente para personas con discapacidad visual.

La ministra subrayó que la responsabilidad de notificar a la víctima recae en el sistema judicial. “La víctima nos ha comunicado que no fue notificada. Nosotros le creemos”, sostuvo.

Además, Orellana detalló las acciones que se han tomado desde que se conoció la decisión sobre la libertad condicional de Ortega. “Hemos hecho todos los análisis jurídicos, velar por su seguridad, informándole de todos los pasos en forma presencial”, indicó. También mencionó la implementación del Sistema Integrado de Información para mejorar el proceso.

Las declaraciones de la ministra se producen tras un requerimiento presentado por un grupo de diputados de Renovación Nacional ante la Contraloría General de la República. Los parlamentarios buscan investigar una posible omisión del SernamEG en el caso de Nabila Rifo, que habría facilitado la libertad condicional de su agresor.

El oficio, firmado por varios diputados, solicita a la contralora Dorothy Pérez que se pronuncie sobre la legalidad de los actos del servicio y si existió una falta que derive en responsabilidades administrativas. Según los legisladores, el SernamEG no reasignó la representación legal de Rifo tras la desvinculación de su abogada, dejándola sin defensa en un momento crucial del proceso.