Las recientes declaraciones de , en las que plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN, han reabierto un debate de profundas implicaciones estratégicas para el país. Más allá de la viabilidad jurídica de una expulsión, que el propio Tratado de Washington no contempla, la simple amenaza pone sobre la mesa un escenario de máxima vulnerabilidad para la seguridad de la nación que nunca antes se había llegado a barajar de manera formal desde que se firmó en el año 1986.

La soberanía de enclaves estratégicos como Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, la sostenibilidad de las finanzas públicas ante un necesario y drástico aumento del gasto en defensa, y el futuro de una industria militar integrada en la cadena de valor aliada se convierten en interrogantes de primer orden. Analizar la

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