Dina Boluarte no asistirá a audiencias judiciales

**Dina Boluarte no asistirá a audiencias judiciales**

Dina Boluarte, ex presidenta de Perú, no se presentará a las audiencias donde se decidirá su impedimento de salida del país. Su abogado, Juan Carlos Portugal, anunció que su defendida no asistirá a las audiencias programadas para el 15 y 16 de octubre. Esta decisión se produce tras su vacancia por parte del Congreso, que la destituyó en medio de cuestionamientos sobre su gestión y las investigaciones fiscales que enfrenta.

Boluarte, quien asumió la presidencia en diciembre de 2022, ha sido objeto de varias denuncias, incluyendo las relacionadas con las muertes en las protestas de 2022 y 2023. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó varias de estas denuncias durante su mandato. A pesar de su vacancia, Boluarte sigue siendo aforada, lo que significa que puede ser investigada, aunque ha perdido la inmunidad que tenía como presidenta.

Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, explicó que, aunque Boluarte mantiene su condición de aforada, su estatus ha cambiado. "Una cosa es ser un aforado, que lo es ahora la expresidenta, pero otra cosa era un estatus más importante, reforzado, casi intocable, de presidente de la República", indicó Rospigliosi. Esto implica que el Ministerio Público puede citarla y solicitar medidas como el impedimento de salida del país.

El Ministerio Público ha presentado dos solicitudes de impedimento de salida contra Boluarte, una por 36 meses y otra por 18 meses. A pesar de la decisión de su abogado de no asistir a las audiencias, Rospigliosi subrayó que la audiencia se llevará a cabo con o sin su presencia. "La expresidenta está obligada a cumplir y a dar un buen ejemplo ante los requerimientos del sistema judicial", afirmó.

La situación de Boluarte plantea interrogantes sobre el alcance de las investigaciones que puede enfrentar tras su vacancia. Aunque su condición de aforada le otorga ciertas protecciones, el cambio en su estatus legal podría facilitar que el sistema de justicia actúe en su contra. Las audiencias programadas serán cruciales para determinar su futuro legal y las posibles restricciones que se le impongan.