Moncloa viró esta semana toda su maquinaria de choque hacia los territorios gobernados por el PP. El lunes arrancó llevando a las comunidades autónomas la contraofensiva para garantizar el derecho al aborto, con un requerimiento de Pedro Sánchez en el que le daba un plazo de tres meses a los presidentes que tienen pendiente de crear un registro de médicos objetores, como mandata la ley. Al día siguiente se extendió la batalla al Consejo de Ministros, con el foco puesto en medidas para proteger los servicios públicos frente a su supuesto desmantelamiento en los territorios gobernados por el PP. El remate lo puso el presidente del Gobierno el pasado jueves al confrontar directamente con Isabel Díaz Ayuso y amenazarla con llevar al Tribunal Constitucional su rechazo a crear el registro de o

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