**Cese masivo en la Agencia de Vivienda Social de Madrid**

El 1 de octubre, entre las 21 y las 22 horas, la mayoría de los trabajadores del Área de Inspección de la Agencia de Vivienda Social (AVS) recibieron la notificación de su cese de manera telemática. Este miércoles 15 de octubre, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso prescindirá de 15 de los 20 empleados de este equipo, que se encarga de promover la vivienda pública en la Comunidad de Madrid.

Los afectados han expresado su preocupación, señalando que esta decisión representa un "desmantelamiento total" del área que combate la ocupación ilegal de viviendas. Actualmente, la AVS tiene 2.634 pisos ocupados, de los cuales 259 están en proceso de recuperación por la vía penal, lo que equivale al 10,5% del total de su parque inmobiliario.

Entre los cesados se encuentra el responsable jurídico del Teléfono 112 AntiOcupación, quien ha formado a otros empleados públicos y a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los trabajadores han denunciado que su cese se debe a que eran interinos y que sus plazas serán cubiertas por la nueva Oferta de Empleo Público.

Uno de los afectados ha comentado: "Todo lo que ha pasado refleja la negativa del Gobierno regional a estabilizar al personal interino, a pesar de las directrices europeas y resoluciones judiciales que instan a reducir la temporalidad en el empleo público". Muchos de estos empleados ingresaron a la Agencia hace años a través de bolsas de empleo interino y han acumulado una experiencia valiosa en la lucha contra la ocupación.

Los trabajadores también han señalado que, a pesar de que sus plazas han quedado vacantes en el proceso de selección, no se les ha ofrecido la oportunidad de quedarse. "Nuestra marcha supone una pérdida de un conocimiento especializado acumulado durante décadas, difícilmente reemplazable en el corto plazo", ha afirmado uno de ellos.

La última reunión que tuvieron con el director gerente de la AVS, Eusebio González, fue en abril. Según los afectados, tras insistir en varias ocasiones para buscar una solución, González les comunicó que este asunto no era una prioridad.

Los trabajadores que serán cesados no recibirán indemnización y muchos de ellos, debido a su edad, enfrentarán dificultades para reintegrarse al mercado laboral. La situación ha generado un clima de incertidumbre y descontento entre los empleados de la AVS, quienes consideran que esta decisión contradice el discurso del Gobierno autonómico sobre la lucha contra la ocupación ilegal.