El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el traspaso al patrimonio de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) —que tiene previsto convertirse en la nueva Entidad Pública de Vivienda y Suelo— de ocho instalaciones y terrenos de antiguas cárceles que, de haber albergado celdas, pasarán a convertirse en 1.332 viviendas "protegidas y asequibles" en ocho provincias de cinco comunidades autónomas.

No es la primera vez que la empresa pública incorpora este tipo de activos para reconvertirlos en viviendas. Ya hizo lo propio con 17 inmuebles en propiedad del Ministerio de Defensa con capacidad para 1.000 viviendas y, posteriormente, con 30.000 casas y 2.400 suelos en propiedad de la Sareb (el conocido como banco malo) desde la crisis financiera.

En esta ocasión, son terrenos

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