El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha pronunciado este martes ante la Asamblea Nacional su declaración de política general, la hoja de ruta que los jefes de Gobierno franceses presentan ante la cámara baja del Parlamento al inicio de su mandato. Se trata de un discurso de alto riesgo para Lecornu, que agota los últimos plazos de negociación antes de que el jueves se vote una moción de censura que podría obligarle a presentar su dimisión.

En un intento de ganarse el favor de los socialistas, Lecornu ha anunciado la suspensión de la polémica reforma de las pensiones “hasta las elecciones presidenciales”, previstas para 2027. “No se aumentará la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028”, ha especificado, respondiendo a la principal petición que le hizo el Partido Socialista (PS).

Todas las miradas se centran en el PS, la única fuerza de la oposición con la que parece viable que Lecornu consiga un acuerdo para evitar la censura. Los socialistas habían condicionado su decisión a la suspensión de la reforma aprobada por Macron en 2023, que aumenta progresivamente la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años.

La semana pasada los macronistas abrieron la puerta, por primera vez, a una revisión o congelación de la reforma, una de las más importantes —y de las más criticadas— en el segundo mandato de Emmanuel Macron. Este martes, aún existían puntos de bloqueo: el Gobierno parece abierto a la congelación del aumento progresivo de la edad mínima de jubilación, pero los socialistas exigen también que no se aumenten los trimestres cotizados necesarios para jubilarse. En su discurso, Lecornu ha indicado que también accede a esta petición de los socialistas.

“Pedimos la suspensión inmediata y completa de la reforma de las pensiones. Las cosas deben quedar claras y cada uno debe asumir sus responsabilidades”, afirmó el lunes el secretario general de los socialistas, Olivier Faure. “Es hora de que el presidente acepte que, cuando se pierden las elecciones, no se pueden imponer las decisiones propias”.

En realidad, el PS aspira a lograr un complicado equilibrio político. Por un lado, evitar una nueva disolución que conduciría a unas elecciones legislativas en las que, probablemente, la izquierda perdería escaños (especialmente si, como parece, acude dividida) y en la que las encuestas apuntan a que la extrema derecha podría lograr una amplia mayoría.

Marine Le Pen ya ha anunciado que votará la censura “de cualquier primer ministro nombrado por Macron” y exige elecciones legislativas inmediatas. El resto de fuerzas de izquierda también han avanzado su voluntad de censurar a Lecornu.

Votación el jueves

Por otro lado, abstenerse tendría un coste en términos de imagen para el PS, que ya está siendo criticado como posible salvador de un Gobierno macronista. El lunes, el presidente del partido lepenista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, atacó “el cinismo del PS”, que, en su opinión, “lleva varios días intrigando en los pasillos para intentar redimirse y evitar la censura”, para lo que estaría dispuesto a “corromperse”.

El lunes, tanto Francia Insumisa como la extrema derecha presentaron sendas mociones de censura contra el primer ministro y su Gobierno, que deben examinarse y votarse el jueves.

El Partido Socialista ya ha anunciado que no apoyará ninguna de las dos, pero añadió que, si la declaración de política general del martes no respondía a sus exigencias, depositarían una moción de censura propia, que tendría muchas posibilidades de salir adelante.

Para añadir incertidumbre a la situación, existen dudas sobre la solidez de la disciplina de voto: se estima que un tercio de los diputados socialistas votará para censurar, independientemente de las consignas del partido.

Justicia fiscal 

Por eso los líderes socialistas reclaman victorias claras en dos puntos: la reforma de las pensiones y la introducción de medidas de justicia fiscal en el debate de los próximos presupuestos.

“Defenderemos  el impuesto Zucman  [un mínimo de 2% sobre los patrimonios de más de 100 millones de euros] y otras medidas que queremos que se incluyan en el debate presupuestario, y pedimos al Gobierno la suspensión”, declaró Faure en la misma entrevista el lunes.

Lo cierto es que, para elaborar su proyecto de presupuestos, Sébastien Lecornu ha partido de los que elaboró su sucesor François Bayrou (unánimemente criticados) enfocados a reducir la deuda y el déficit públicos que arrastra Francia. Pero, a diferencia de Bayrou, el nuevo proyecto no es definitivo. Se ha “concebido más bien para que se produzca el debate”, ha repetido el primer ministro este martes.

Así, el objetivo de reducir el déficit público al 4,7% del producto interior bruto (PIB) podría flexibilizarse y acercarse al 5%. Esto permitiría, por ejemplo, absorber el impacto financiero de una suspensión de la reforma de las pensiones, estimado en varios cientos de millones de euros el primer año. “No seré el primer ministro responsable de un descontrol de las cuentas públicas”, ha advertido no obstante Lecornu.

El Parlamento “tendrá la última palabra”

Lecornu ha reafirmado su voluntad de renunciar al artículo constitucional que permite al Ejecutivo esquivar el voto parlamentario para hacer aprobar medidas presupuestarias, utilizado por los tres últimos gobiernos. “Sin el artículo 49.3, sin mayoría absoluta, el Parlamento tendrá la última palabra. Es su responsabilidad y debemos confiar en él. No debemos tenerle miedo”.

Aunque los macronistas se oponen frontalmente al impuesto Zucman, están dispuestos a hacer concesiones en cuanto a la fiscalidad de los más ricos. El martes, Lecornu anunció una “contribución excepcional a las grandes fortunas”. Y se abrió a debatir todas las propuestas.

También se han mostrado dispuestos a gravar los holdings , estructuras en las que las grandes fortunas suelen poner gran parte de su patrimonio. “Se trata de un mecanismo bastante utilizado —seamos sinceros— para eludir y, en ocasiones, evadir impuestos”, admitió en julio la ministra de Cuentas Públicas, la macronista Amélie de Montchalin. Sin embargo, este impuesto sobre los holdings no afectaría a los que alberguen bienes profesionales, que se estima que suponen el 90% del patrimonio de los ultrarricos.

“En este presupuesto se ha hecho todo lo posible para proteger a Bernard Arnault y a los multimillonarios franceses”, ha resumido este martes el economista francés Gabriel Zucman –que ideó una tasa para gravar a los grandes patrimonios–, en relación al proyecto de presupuestos en su estado actual. “Por lo tanto, se pide a las demás clases sociales que hagan un esfuerzo. Una vez más”. La incógnita ahora es si el Gobierno durará lo suficiente para llevar al Parlamento un debate que los macronistas llevan siete años tratando de evitar.