Antes de que el presidente Juan Manuel Moreno conociera, de primera mano, la dimensión real del escándalo de los cribados de cáncer de mama que ha puesto contra las cuerdas a su Gobierno, la Consejería de Salud lanzó un comunicado de prensa para anunciar que 2.000 mujeres no habían sido informadas de un diagnóstico “dudoso” de cáncer.

El retraso, de meses e incluso años, estaba ya acreditado por la denuncia pública de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama), pero aquella nota de prensa de la Junta de Andalucía fue un mea culpa sin precedentes -y sin anestesia- que redimensionó el problema, pasando de “cuatro casos aislados” -en palabras de la ya exconsejera de Salud, Rocío Hernández- a 2.000 mujeres.

El gabinete de crisis que protege al presidente andaluz desde entonces sitúa en aquel comunicado el origen del “desastre de gestión política y nula estrategia de comunicación”, del que dos semanas después siguen sin poder zafarse. “Yo, personalmente, me enteré tarde del problema”, ha repetido Moreno desde entonces, después de admitir el “error” y tener que pedir “disculpas”.

Sin embargo, 17 días después de que estallara la crisis, aquel perimetraje de 2.000 afectadas que entonces provocó un shock se antoja hoy un balance positivo, un “control de daños” manejable, que permite al Palacio de San Telmo ir recuperando la iniciativa del relato. 2.000 mujeres en un universo de medio millón, que son las que cada año pasan por el programa de cribado de cáncer de mama. La Junta anunció que en menos de una semana las llamaría a todas una a una, para darles un segundo diagnóstico antes del 30 de noviembre. ¿Por qué es positivo hoy lo que hace 15 días fue un “desastre”?

Porque la crisis de los cribados de cáncer de mama ha hecho aflorar otros problemas de protocolo, de falta de radiólogos, de retrasos en los diagnósticos y roturas en la correa de transmisión del paciente en otros cribados de cáncer, como el de colon o el de cuello de útero.

A la redacción de elDiario.es han llegado casos contrastados de negligencia en los diagnósticos -también los está publicando la Cadena Ser- sin que por ahora sea posible acreditar si se trata de un caso aislado, o también forma parte de una cadena de errores en el protocolo.

En el Servicio Andaluz de Salud (SAS) trabajan más de 100.000 profesionales, se atiende a una población potencial de nueve millones de personas y se realizan 92 millones de actos clínicos al año. Moreno dijo en el Parlamento que hay negligencias médicas todos los días, que el SAS -ahora y antes, durante la Administración socialista- acumula denuncias y sentencias condenatorias por fallarle a los ciudadanos.

La Junta trata de explicar así que todos los incidentes que están aflorando ahora, sean o no relacionados con un cribado de cáncer, no tienen por qué tener una pauta común, como ha ocurrido con el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer de mama. La oposición en el Parlamento exige datos que confirmen esta interpretación y reclaman una auditoría externa de los todos los protocolos de prevención del SAS.

Pero, por ahora, el Ejecutivo andaluz no permite contrastar estos datos y ha impuesto un silencio administrativo al departamento de sanidad. Entretando, cientos de denuncias se hacen públicas, algunas llegan directamente a los medios de comunicación, otras se ponen en contacto con asociaciones de enfermos de cáncer, como Amama, y otras aterrizan en los juzgados, como la que ha registrado este martes un despacho de abogados de Sevilla, presentándola en una nota de prensa como la Primera denuncia contra la Junta de Andalucía por la muerte de una mujer por el fallo masivo en los cribados de cáncer de mama.

Las denuncias del Defensor del Paciente y otra promovida por la asociación Amama está presentadas ante la Fiscalía pero, de momento, no ha habido apertura de diligencias ni se está investigando judicialmente este asunto.

¿Por qué 2.000 afectadas y no 5.000?

El Gobierno de Moreno va a rebufo de los acontecimientos por primera vez en siete años. Se ha precipitado a lanzar soluciones a un problema que todavía no tiene un diagnóstico certero: ¿cuál es el origen de la falla en el, hasta ahora, prestigioso Plan de prevención precoz del cáncer de mama? ¿De dónde salen esas 2.000 afectadas? ¿Por qué 2.000 y no 5.000? El equipo del presidente, presionado por un calendario electoral inminente, se ha apresurado a prometer mejoras en el sistema, a golpe de talón (12 millones de euros y 120 contratos), sin aclarar qué hay que mejorar.

Hay un apagón informativo notable desde el cese fulminante de la consejera de Salud, el pasado 8 de octubre. Ni su departamento ni el SAS ofrecen explicaciones comprensibles sobre los “errores” de protocolo, sobre la dimensión real del problema, más allá del anuncio hecho por el presidente el día que aceptó la dimisión de Hernández: que el 90% de los diagnósticos tardíos están localizados en una sección concreta del hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía y, hasta hoy, uno de los más prestigiosos.

Pero la falta de información por parte del departamento de Salud -intervenido por Presidencia- más las contradicciones entre el relato oficial que está dando la Junta y la realidad clínica de cientos de andaluces está generando una sensación de alarma en la población y de caos en la Administración andaluza.

Si el 90% de casos está en el Virgen del Rocío, ¿por qué están emergiendo casos idénticos en las ocho provincias andaluzas? Si el problema eran los diagnósticos “no concluyentes” de los que no se informó a tiempo a las afectadas, ¿por qué aparecen mujeres con “hallazgos” en el primer cribado que no recibieron ese diagnóstico hasta que ya habían desarrollado un cáncer de mama, meses después? ¿Acaso no estaban todas en el mismo plan de protección precoz? ¿Cuántos casos aislados se convierten en una falla del sistema?, se preguntan las mujeres, dos semanas después de que estallara el escándalo.

Mucha gente, que no se reconoce en el perimetraje de afectados que ha hecho el Gobierno de Moreno, está llamando a los medios de comunicación para exponer su caso, diagnóstico en mano, con sus pruebas pendientes...

Faltan especialistas y falta exclusividad en la sanidad pública

La primera crisis ha dejado al descubierto todas las grietas del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lastrado por problemas estructurales que, como dice Moreno, son comunes en todas las comunidades. “Usted métase en Google y escriba Euskadi, problemas, sanidad pública, y verá...”.

La sanidad andaluza afrontaba, sobre todo, una sangría de profesionales sanitarios consecuencia de la ola de jubilaciones de la generación del baby boom, y sin banquillo preparado para sustituirles. Este déficit es particularmente grave en algunas especialidades, como anestesistas -lo cual bloquea muchos quirófanos-, o como radiólogos -lo cuál deja desconectados los mamógrafos nuevos que compró la Junta y anunció a bombo y platillo.

No es la única razón. La escasez de personal sanitario en Andalucía también es un dato relativo, como denuncian los sindicatos médicos. Faltan profesionales, porque hay mejores condiciones laborales en otras comunidades autónomas o en otros países o en hospitales privados. Y, además, falta dedicación exclusiva de la plantilla actual.

La sanidad pública andaluza y la privada no son realidades paralelas, tienen vasos comunicantes, son interdependientes, y no sólo porque la Junta concierte con clínicas privadas para derivar miles de pacientes, pruebas de diagnóstico y tratamientos...

Una de las primeras medidas que adoptó Moreno al llegar al Gobierno andaluz, en 2019, fue suprimir el complemento de exclusividad de los médicos de la sanidad pública, permitiendo a los facultativos compaginar su trabajo en un hospital público por la mañana con su consulta privada por las tardes. Luego también eliminó la exlusividad para los directivos y jefes de servicio del SAS, que son precisamente quienes deciden qué pacientes derivan de la pública a la privada, y a qué clínicas...

El llamado “plan de choque” del Gobierno andaluz para taponar la crisis de los cribados contempla contratar a 65 radiólogos, pero la bolsa de empleo está vacía, no hay especialistas en la recámara. También prevé ampliar personal dentro del Plan de detección precoz del cribado de cáncer ofreciendo incentivos a los que ya existen para que hagan horas extra por las tardes y trabajen los fines de semana. “Pero esa estrategia ya existe, está exprimida por el SAS y las horas del día no dan más de sí”, advierten los sindicatos médicos.

Moreno afronta la peor crisis sanitaria desde la pandemia, y lo hace sin designar sustituto para la cartera de Salud. El jueves hará una semana del cese de la consejera y, 24 horas antes, el Consejo de Gobierno aprobará un “plan integral” de refuerzo para los programas de detección del cáncer de colon y cuello de útero.

Solapada a la crisis sanitaria hay una crisis política cuya sombra se extiende hasta las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026. Al mando está la mano derecha del presidente, un veterano de la dirección del PP andaluz curtido en todas las batallas, Antonio Sanz, que tiene el cometido urgente de apagar el fuego político que está achicharrando a Moreno, mientras a sus espaldas -sin apenas exposición pública- trabajan los técnicos para detectar el origen del escándalo.

Dos semanas después, no han explicado qué ha pasado, si sigue pasando y si los fallos del cribado de cáncer de mama se extienden a otros tratamientos, como empiezan a atestiguar las voces particulares de pacientes que llaman a los medios de comunicación.

La máquina de hacer relatos políticos del entorno de Moreno, tan eficaz en la construcción del perfil personal del presidente, está rota por completo. La Junta no controla el discurso, sabe neutralizar a la oposición, sabe contraatacar a María Jesús Montero, pero no sabe cómo proteger al candidato de miles de mujeres víctimas del cáncer manifestándose a las puertas de San Telmo con los pechos cortados.

Una fuente del Palacio de San Telmo ha empezado a deslizar que el propio SAS está “saboteando” al Gobierno de Moreno, que son los funcionarios y trabajadores del mayor ente público de la Junta, gestionado por el PSOE durante 37 años, los que no han trasladado ni trasladan los datos al presidente para que pueda explicar dónde está el fallo de los cribados de cáncer y poder tranquilizar a la poblacíón. Ningún miembro del Ejecutivo andaluz ha denunciado algo así públicamente.