Aunque la propuesta de reforma a la Ley de Amparo ha sido matizada para evitar su aplicación retroactiva, representantes del sector empresarial siguen manifestando preocupación por los efectos que podría tener en la defensa legal de ciudadanos y empresas, especialmente las pequeñas y medianas, que constituyen el 99% del tejido productivo nacional.

Pablo García Chacón, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), reconoció que constitucionalmente no puede aplicarse de forma retroactiva, pero advirtió que el problema va más allá. “Definitivamente no se puede ser retroactivo, eso está claro. Si hay alguien que ya tiene un amparo asignado o está en proceso, no se puede aplicar la ley de forma retroactiva. Eso limitaría la defensa de los ciudadanos”, seña

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