Tras diez semanas de audiencias, el Tribunal de Juicio Sala VII dictó duras condenas contra 16 personas —ocho de ellas funcionarios del Servicio Penitenciario— por integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 (UC1).

Las penas van desde 1 año en suspenso hasta los 10 años y 6 meses de prisión efectiva.

Los jueces Federico Diez , Paola Marocco y Javier Araníbar consideraron acreditada la existencia de una estructura delictiva jerarquizada, dedicada a la comercialización de estupefacientes dentro del penal y a la comisión de exacciones ilegales, muchas veces mediante amenazas y extorsiones a internos.

La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal compuesta por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana I

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