El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó un decreto histórico que ordena la desclasificación inmediata de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este anuncio se realizó el 17 de octubre en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, en un evento que también sirvió para reconocer las responsabilidades del Estado hacia el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

"Aquí está un decreto, no es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora", afirmó Petro, enfatizando la urgencia de la medida. El decreto permite que las víctimas, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas, accedan a información que el DAS había recopilado durante años, incluyendo perfilamientos y amenazas.

El presidente explicó que, aunque la desclasificación será inmediata, las 57.544 cajas de documentos en el Archivo General de la Nación deberán pasar por un proceso de anonimización. "No se deben borrar los nombres de los culpables, sino que hay que cuidar la privacidad de las víctimas", aclaró. Este proceso es crucial para garantizar que la información se maneje de manera responsable.

Petro también mencionó que el Archivo General de la Nación es el encargado de custodiar y preservar la documentación relacionada con inteligencia y contrainteligencia. Además, destacó que otros organismos de inteligencia, como la Dipol, también deben ser transparentes. "La Dipol es una caja oscura para mí y va a ser una caja transparente", aseguró el mandatario.

Durante el evento, Petro ofreció disculpas en nombre del Estado por la persecución sufrida por el Cajar, un acto que se enmarca en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este fallo evidenció la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la persecución estatal contra defensores de derechos humanos, que incluyó actividades de inteligencia ilegal y amenazas.

El decreto de desclasificación responde a un clamor de diversos sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que fueron víctimas de las prácticas ilegales del DAS, que incluyen interceptaciones de comunicaciones y seguimientos. La medida es vista como un paso significativo hacia la justicia y la transparencia en Colombia, en un contexto donde la memoria histórica y la verdad son fundamentales para la reconciliación del país.