La Procuraduría General de la Nación interpuso una demanda de nulidad total contra el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, valorado en más de 1,3 billones de pesos, destinado a la producción de los pasaportes electrónicos de Colombia. El órgano de control solicitó tumbar completamente el contrato al considerar que su celebración estuvo marcada por graves vicios e irregularidades que vulneraron los principios de la contratación estatal, especialmente los de transparencia, competencia y selección objetiva. El convenio fue suscrito bajo la modalidad de contratación interadministrativa directa, figura que —según la Procuraduría— no era la adecuada para este tipo de proceso, al tratarse de un contrato con una entidad extranjera y de car

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