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Desde inicios del año 2003, las autoridades han insistido en la imposición de un gravamen a los refrescos y bebidas azucaradas, con el propósito de disponer de recursos para atender problemas de obesidad, diabetes, cardiovasculares, y otros padecimientos. Sin embargo, por varios años las autoridades y los legisladores, carecieron de sustento científico para apoyar sus señalamientos.

En 2016 el Gobierno de Enrique Peña Nieto, logró por fin la aplicación del IEPS no solo para refrescos y bebidas endulzadas; sino para panes y botanas, con contenido calórico, y de azúcares. Siempre bajo el sustento de que los recursos se canalizarían al sector salud para atender diabetes y enfermedades vasculares

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