Ecuador y Colombia. Son los dos países a los que el Ejército de EEUU va a deportar a los dos supervivientes de su último ataque comunicado en aguas internacionales, en este caso un submarino supuestamente cargado con droga. A pesar de que EEUU no ha aportado pruebas, como tampoco en las anteriores ocasiones, ni de la carga que llevaban las embarcaciones destruidas con 29 ejecuciones extrajudiciales, ni del puerto de origen ni del lugar al que se dirigían.

“Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico”, ha afirmado Trump en sus redes sociales: “La inteligencia estadounidense confirmó que esta embarcación estaba cargada principalmente con fentanilo y otros narcóticos ilegales. A bordo había cuatro narcoterroristas conocidos. Dos de ellos murieron. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si hubiera permitido que este submarino llegara a tierra. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”.

“Atacamos un submarino, un  narcosubmarino  construido específicamente para el transporte de grandes cantidades de drogas”, declaró Trump este viernes durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la Casa Blanca.

El secretario de Estado, Marco Rubio, no negó que hubiera sobrevivientes, pero reiteró que se darían más detalles próximamente.

El ataque del jueves elevó a al menos 29 el número de ejecuciones extrajudiciales por la acción militar de la Administración Trump contra embarcaciones en el Caribe.

Se cree que este es al menos el sexto ataque en aguas venezolanas desde principios de septiembre, y el primero en el que hay supervivientes rescatados por el ejército estadounidense.

Trump ha justificado los ataques afirmando que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles de la droga, basándose en la misma autoridad legal utilizada por la administración Bush cuando declaró la guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre. Esto incluye la capacidad de capturar y detener a combatientes y usar fuerza letal para eliminar a sus líderes.

El uso de una fuerza militar por parte del presidente para combatir a los cárteles, junto con su autorización de acciones encubiertas dentro de Venezuela, posiblemente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, traspasa los límites del derecho internacional.