El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, anunció que ante clara y evidente controversia jurídica entre el ejecutivo y el legislativo sobre la convocatoria a la consulta popular nacional el día 7 de agosto de 2025, lo que procede jurídicamente es dejar en manos de las altas cortes la decisión de si se continúa o no con los trámites de la misma.

“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, sostuvo.

De igual forma, señaló que entretanto la Registraduría Nacional del Estado Civil realizará varias acciones: 1) Solicitará

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