El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha tomado una decisión trascendental al anular el proceso conocido como Caso Cócteles, eximiendo a Keiko Fujimori y a su partido, Fuerza Popular, de cualquier cargo relacionado con presunto lavado de activos. Este fallo ha generado un intenso debate entre políticos y congresistas, quienes han expresado tanto su apoyo como su rechazo a la resolución.

El fallo del TC, que deja sin efecto toda la investigación penal, ha sido objeto de críticas y elogios. José Cueto, congresista y contralmirante en retiro, expresó su desaprobación hacia el manejo del caso por parte del Ministerio Público, afirmando: “A mí no me extraña. Después de la pésima actuación que han tenido estos dos fiscales, era de esperarse que llegara un momento en que se caigan, como efectivamente ha pasado”. Cueto lamentó la pérdida de tiempo y recursos en las investigaciones, señalando que “son años de investigación perdidos”.

Desde Acción Popular, Edwin Martínez argumentó que el fallo revela deficiencias en el sistema judicial para investigar actos de corrupción. “Aquí ha habido muchísimos hilos que han tejido actos de corrupción, pero lamentablemente no han sido investigados adecuadamente”, comentó. Por su parte, José Williams de Avanza País reconoció que la decisión del TC podría sentar un precedente para casos similares, aunque prefirió no profundizar en el tema hasta conocer todos los detalles del fallo.

Mirtha Vásquez, ex presidenta del Consejo de Ministros, criticó la decisión, calificándola de “traje a medida para el poder de turno” y acusando al TC de favorecer intereses políticos. En contraste, Alejandro Aguinaga de Fuerza Popular celebró la sentencia, afirmando que “primó la justicia” y que el TC dio la razón a la defensa de Fujimori.

El Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en la violación del principio de legalidad penal, señalando que la Fiscalía había aplicado normas de manera retroactiva. En sus palabras, “el Estado no puede crear delitos después de los hechos y aplicarlos hacia atrás”. Además, el TC consideró que las conductas imputadas a Fujimori no constituían lavado de activos bajo la ley vigente en ese momento.

La sentencia también ha abierto un debate sobre su impacto en otros casos de financiamiento político, como los que involucran a Ollanta Humala y Susana Villarán. Especialistas advierten que este precedente podría ser invocado en otros expedientes judiciales similares, ya que reafirma que no se puede juzgar a una persona por actos que no estaban tipificados como delito al momento de su comisión.

La decisión del TC fue respaldada por cinco magistrados, quienes coincidieron en que el Caso Cócteles vulneró principios esenciales de la legalidad penal. Sin embargo, dos magistrados votaron en contra, advirtiendo sobre el riesgo de que el Tribunal asuma funciones propias del Poder Judicial. La anulación del caso marca un cambio significativo en la interpretación de los aportes a campañas políticas y plantea nuevos desafíos en la delimitación entre ilegalidad administrativa y delito penal.