Delia Espinoza, fiscal de la Nación suspendida, ha manifestado su desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el proceso penal contra Keiko Fujimori y el partido Fuerza Popular en el conocido Caso Cócteles. Espinoza sostiene que la mayoría de los magistrados cometieron un error al intervenir en un proceso ya judicializado y resolver un hábeas corpus, argumentando que no existía un riesgo real que afectara la libertad de la acusada. En una entrevista con LP Derecho, Espinoza afirmó: "Creo que su celo de control constitucional ha ido más allá de sus propias funciones". Según la fiscal, el TC excedió sus competencias al admitir el hábeas corpus, ya que no se verificaba un riesgo inminente a la libertad personal de Fujimori. Espinoza subrayó que las medidas cautelares personales sobre Fujimori ya habían finalizado, lo que, en su opinión, eliminaba cualquier motivación para que se afectara su libertad. Por lo tanto, considera que el hábeas corpus debió ser declarado improcedente y sostiene que el TC "no es competente en esta materia". Respecto a la posible comisión de un delito por parte de los magistrados, Espinoza indicó que esto debe evaluarse en detalle, ya que debe existir dolo. Sin embargo, enfatizó que, desde su análisis jurídico, los magistrados de la mayoría incurrieron en un avocamiento indebido al sustraer el proceso de sus jueces naturales. La fiscal también recordó la importancia de la constitucionalización del derecho penal en Perú, destacando que los mecanismos procesales ordinarios permiten a los acusados solicitar la tutela de derechos ante los jueces penales, sin necesidad de recurrir a acciones constitucionales, salvo en casos de amenaza comprobada a derechos fundamentales. Espinoza consideró que la vía del hábeas corpus fue inadecuadamente utilizada en este caso, afirmando: "No se estaba afectando de ninguna manera, no se podía afectar la libertad de la acusada". En cuanto a la situación jurídica de Fujimori tras el fallo del TC, Espinoza explicó que la jueza del proceso penal ahora está obligada a archivar la causa, conforme a los fundamentos constitucionales. Sin embargo, aclaró que el sobreseimiento judicial no implica una declaración de inocencia, sino que concluye el proceso penal y preserva la presunción de inocencia. El Tribunal Constitucional anuló el caso Cócteles al determinar que se vulneró el principio de legalidad penal durante la investigación y el proceso contra Fujimori y Fuerza Popular. El tribunal concluyó que los hechos imputados, relacionados con la presunta recepción de aportes privados para las campañas electorales de 2011 y 2016, no estaban tipificados como delito de lavado de activos en la legislación vigente en esos periodos. El TC también cuestionó el encuadre de organización criminal en actividades políticas, aclarando que el objetivo de ganar una elección no puede considerarse ilícito. Además, advirtió sobre la prolongación excesiva del proceso y la falta de fundamentos sólidos para justificar las restricciones a la libertad de la acusada. En consecuencia, ordenó que todas las resoluciones fiscales y judiciales relacionadas sean declaradas nulas y que cualquier determinación futura del Poder Judicial se alinee con los parámetros constitucionales establecidos en la sentencia.