La propuesta establece un marco jurídico que dota a las autoridades de mejores herramientas de investigación, protección para víctimas y penas más severas.

La iniciativa fija penas de seis a 15 años de prisión y multas elevadas. Las sanciones aumentarán por agravantes como el cobro de piso , si las víctimas son migrantes o menores de edad , o si el delito es cometido por un servidor público .

Servidores Públicos: Quienes participen en extorsión serán castigados con la destitución e inhabilitación por un periodo igual al de la pena de prisión.

Ejecución Penal Estricta: Los sentenciados por extorsión no tendrán acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos de colaboración eficaz con la justicia.

Para garantizar la protección y fomentar l

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