El Gobierno ha promulgado este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, pero su aplicación ha quedado suspendida. A través de los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, el Ejecutivo ha formalizado estas normas, que fueron ratificadas por el Congreso el 2 de octubre tras el rechazo a los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, la entrada en vigor de estas leyes dependerá de que el Congreso defina las fuentes de financiamiento necesarias.

La Ley de Financiamiento Universitario busca actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria a partir del 1° de enero de 2025, tomando en cuenta la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, propone implementar actualizaciones bimestrales basadas en una fórmula que combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la variación del tipo de cambio y la variación de tarifas de servicios públicos.

Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, conocida como Ley Garrahan, declara la emergencia en salud pediátrica por un año. Esta ley habilita compras directas de insumos con financiamiento estatal y mejora las condiciones laborales del sector, incluyendo una recomposición salarial y la exención del impuesto a las Ganancias para guardias y horas extra. También reconoce al Hospital Garrahan como centro de referencia nacional y exige garantizar su funcionamiento.

A pesar de la promulgación, el Gobierno ha dejado claro que la ejecución de estas leyes no podrá llevarse a cabo sin una definición clara de cómo se financiarán los costos. En los considerandos de ambos decretos, se explica que las leyes quedarán "suspendidas en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento". Esto implica que el Congreso deberá incluir las partidas necesarias en el Presupuesto 2026 para que las leyes puedan ser implementadas.

El Ejecutivo ha argumentado que no se puede gastar lo que no se tiene, y ha solicitado al Congreso que defina cómo incrementar los recursos para financiar estas normas. La falta de partidas específicas ha sido un tema recurrente, ya que el Gobierno ya había planteado esta situación en relación con la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La situación política en torno a estas leyes es tensa, ya que fueron aprobadas con un amplio respaldo opositor. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha intentado minimizar las tensiones, afirmando que "la Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal". Sin embargo, la incertidumbre sobre el financiamiento de estas leyes sigue siendo un tema crítico que deberá ser abordado por el Congreso en los próximos meses.