Esta mañana, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda, Cristian Mansilla, acompañado por el abogado Sergio Macagno, presentó en el Juzgado de Instrucción Provincial Nº 3 de Río Gallegos, importantes documentos, para que avance la investigación sobre posibles delitos cometidos durante la gestión entre los años 2015 y 2023.

La causa penal involucraría a quienes ocuparon la presidencia del organismo en ese período: Pablo Grasso, Roberto Andrino, Daniel Copertari y María de los Ángeles Grasso, así como también a otros funcionarios que integraron los sucesivos directorios.

La denuncia sostiene que durante sus gestiones se habrían cometido irregularidades en licitaciones públicas y se habrían violado normas administrativas, lo que derivó en la posible comisión de delitos com

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