El presidente José Jerí ha declarado un estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, comenzando a las 00:00 horas del miércoles 22 de octubre. Esta medida busca combatir el alarmante aumento del crimen organizado que ha afectado a miles de familias y a la economía del país. En un mensaje a la nación, Jerí afirmó que "hoy iniciamos un nuevo capítulo" en la lucha contra la criminalidad, resaltando la necesidad de restaurar la seguridad y la calma. El decreto supremo que establece esta emergencia fue publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM justifica la activación del estado de emergencia debido a la grave afectación de la seguridad ciudadana y el incremento de delitos como homicidio, sicariato y extorsión. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) asumirá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las zonas de intervención serán determinadas por la PNP, basándose en inteligencia y estadísticas del delito. El decreto también establece la restricción de cuatro derechos constitucionales fundamentales: 1. Libertad y seguridad personales. 2. Inviolabilidad de domicilio. 3. Libertad de reunión. 4. Libertad de tránsito en el territorio. Las actividades públicas masivas, como eventos religiosos, culturales y deportivos, deberán solicitar permiso a las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin necesidad de autorización previa. Entre las medidas específicas para combatir la inseguridad, se implementarán acciones de control territorial. Las fuerzas combinadas, que incluyen a la PNP, las Fuerzas Armadas y el serenazgo municipal, llevarán a cabo patrullajes en zonas críticas y resguardarán instituciones públicas. Se realizarán operativos de búsqueda y captura de requisitoriados, así como controles de identidad en inmuebles, que podrán incluir descerrajes si es necesario. También se prohibirá el tránsito de dos adultos en motos lineales y se intervendrán vehículos con documentación adulterada o placas ilegibles. Estas acciones buscan asegurar la presencia efectiva del Estado en áreas afectadas por la delincuencia y restaurar la seguridad en la región.