**Desastre ecológico en Quintero: un derrame de petróleo que persiste**

El 24 de septiembre de 2014, un grave incidente ocurrió en la bahía de Quintero. Durante la madrugada, el buque LR Mimosa, que descargaba petróleo en el Terminal Marítimo de Enap, sufrió un error en el reposicionamiento. Esto provocó la ruptura de la manguera de descarga, liberando 38.700 litros de petróleo en solo dos horas. La mancha se extendió rápidamente por la costa de la región de Valparaíso, generando un impacto ambiental significativo.

A diez años del derrame, los efectos siguen siendo objeto de controversia. Pescadores y empresarios turísticos han presentado demandas civiles contra Enap, reclamando casi $30 mil millones en indemnizaciones por los daños sufridos. La empresa estatal ha intentado desvincularse de la responsabilidad, afirmando que la limpieza de la columna de agua se completó en 14 días. Sin embargo, los residentes locales sostienen que la fauna marina tardó mucho más en recuperarse y que el daño a la reputación de la zona ha sido irreversible.

Los informes periciales solicitados por los demandantes revelan la gravedad de la situación. Se han documentado contratos arruinados, empleos perdidos y familias afectadas. Una de las víctimas expresó: "Ese derrame apagó nuestros sueños". La mancha de petróleo comenzó a ser visible a las 4:00 horas del 24 de septiembre, y los vecinos pronto se dieron cuenta de la amenaza que representaba. En un primer momento, Enap estimó el derrame en solo 3 mil litros, cifra que fue corregida posteriormente por la Capitanía de Puerto de Valparaíso, multiplicándola por 13.

Los testimonios de los lugareños reflejan el impacto emocional del desastre. Un residente recordó: "No entendí hasta que vi a las aves que empezaron a vararse". Otro testigo relató la angustia de ver a una familia de lobos marinos intoxicados por el petróleo. La situación se tornó crítica, y la Seremi de Salud prohibió la extracción de productos del mar en la primera semana de octubre.

El gobierno de Michelle Bachelet propuso la "reconversión" como parte de la solución, pero muchos pescadores consideraron que esta medida no era realista. La psicóloga Rayén Colimán, quien elaboró un informe para la causa iniciada por más de 180 pescadores y viudas, concluyó que las políticas del Estado agravaron la situación. Los afectados continúan luchando por justicia y compensación por los daños sufridos a raíz de este desastre ecológico.