El despliegue de la red 5G en México avanza, pero a paso lento. No por falta de capacidad técnica, sino por una política fiscal que ahoga la inversión y una regulación que castiga más la innovación que la recompensa. El análisis publicado ayer por Nicolás Lucas-Bartolo en El Economista lo deja claro: Los operadores están atrapados entre impuestos abusivos, márgenes reducidos y un Estado que parece estar más preocupado por recaudar que por promover la competitividad digital.

Desde su lanzamiento en 2022, el 5G ha crecido de forma desigual. AT&T cubre 56 ciudades, Telcel llega a 125 y Telefónica, apoyada en la red de AT&T, apenas a 38. En total, hay 21 millones de accesos activos, una cifra modesta frente a los 50 millones de Brasil. La diferencia no es tecnológica, sino fiscal: Mientras en

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