Esa norma, fue aprobada en el Congreso con mayores recursos para las altas casas de estudio, pero Milei decidió vetarla y luego, cuando el Parlamento insistió, el titular del Poder Ejecutivo la promulgó pero suspendió su aplicación. Ahora, la situación se encamina a convertirse en un conflicto que tendrá que ser resuelto por el Poder Judicial.

“Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”, consideró el Consejo Superior.

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