La Universidad de Buenos Aires (UBA) se convirtió en la primera institución en iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La decisión fue adoptada por unanimidad en el Consejo Superior el 22 de octubre de 2025.
El organismo consideró que el decreto presidencial que promulgó la norma, pero suspendió su aplicación hasta que el Congreso defina las fuentes de financiamiento, “altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
La resolución instruyó al rector a “iniciar las acciones judiciales pertinentes a fin de exigir la inmediata implement