El Partido Popular ha denunciado en el Parlamento de la Unión Europea  que el Gobierno  de Pedro Sánchez «ha abandonado a las mujeres» tras destapar OKDIARIO la chapuza con las  pulseras telemáticas  del Ministerio de Igualdad, entonces encabezado por la podemita  Irene Montero  y ahora por la socialista  Ana Redondo .

La eurodiputada popular Rosa Estaràs ha asegurado que el Ejecutivo socialista ha desprotegido a las víctimas de la violencia de género frente a los agresores que están incluidos en el conocido como Sistema VioGén y sobre los que pesan órdenes de alejamiento. Esa medida sólo se puede asegurar con las pulseras antimaltrato, que resultaron ser defectuosas y a cuyos datos las autoridades no pudieron acceder tras la migración de los datos.

«Las pulseras antimaltrato han estado ocho meses sin funcionar, vulnerando el derecho a la protección de las víctimas, y todo ello con conocimiento del Ministerio competente», ha lamentado la representante del PP.

A su vez, Estaràs ha subrayado el compromiso de la formación de Alberto Núñez Feijóo con las víctimas: «Cada diez minutos una mujer es asesinada en el mundo. Las cifras son devastadoras y la evolución de la situación es cada vez más preocupante».

«Necesitamos un compromiso político y social firme , que no puede verse socavado legislando en beneficio de los agresores sexuales , con una ley cuyas consecuencias aún sufrimos: cientos, incluso miles de violadores y agresores sexuales fueron excarcelados o vieron reducidas sus condenas», ha añadido.

Además, ha criticado que en el PSOE «pagan con dinero público servicios de prostitución» y que «se humilla a las mujeres con expresiones indignas como Carlota se enrolla, que te cagas ».

Chapuza de Igualdad con las pulseras

Y es que el nuevo contrato para la gestión de las pulseras antimaltrato generó un  problema técnico  que ha afectado directamente a la protección de las víctimas de violencia de género. El paso de una empresa a otra ha provocado que la información anterior –que se encuentra cifrada– no se haya traspasado correctamente a las nuevas bases de datos.

La Fiscalía documentó en  su memoria  correspondiente a 2024  «múltiples fallos » detectados con estos dispositivos telemáticos de pulseras antimaltrato. El Centro Cometa informó  «reiteradamente»  a los juzgados de que no pueden facilitar información anterior al 20 de marzo de 2024, fecha en que finalizó la migración a los nuevos dispositivos.

Esta anomalía produce consecuencias tanto en la fase de  instrucción  ante los juzgados de Violencia sobre la Mujer como  en la fase de enjuiciamiento . En el juzgado de lo Penal «se impide que el legal representante del centro de control pueda responder a las preguntas relativas a cualquier incidencia anterior a la fecha indicada», lo que «en muchos casos aboca a una sentencia absolutoria». La Fiscalía General del Estado reconoció que esta situación ocasionó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores.

Las fiscalías de Madrid, Gerona, Granada y Tenerife han alertado específicamente de « problemas de descarga de la información  del anterior proveedor de servicios». Además, avisaron a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la  potencial desprotección de las víctimas».

No fue el único problema. Los dispositivos de control que compró Igualdad también demostraron ser tan deficientes que hasta los propios maltratadores confesaron que podían quitárselos « perfectamente », según declaró uno de ellos ante un juez.

La situación era tal que Igualdad admitió en febrero de 2025 la necesidad de « mejorar la vigilancia electrónica » para la protección de las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no tomó ninguna medida al respecto hasta que OKDIARIO destapó el escándalo de los problemas de funcionamiento de las pulseras antimaltrato, que provocaron la «potencial desprotección» de las mujeres.

Así consta en las medidas para la renovación del  Pacto de Estado  en materia de violencia de género . Se trata de un documento de más de  400 medidas , aprobadas por el Congreso de los Diputados en febrero con una amplia mayoría, ya que todos los partidos votaron a favor, excepto Vox.