El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado un ambicioso proyecto de ley para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Este anuncio fue realizado el 23 de octubre por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien destacó que la propuesta busca abordar lo que el Ejecutivo considera un bloqueo institucional en el Congreso, que ha obstaculizado reformas necesarias para el país.

El proyecto de ley propone la creación de una Asamblea compuesta por 71 delegatarios, elegidos de manera paritaria entre hombres y mujeres. La Asamblea se encargará de reformar la totalidad de la Constitución Política, sin revocar al Congreso, y deberá respetar compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Montealegre enfatizó que "a través de la confrontación de argumentos, y no de la violencia, pensaremos un nuevo país".

El documento, que consta de 23 páginas, argumenta que el actual sistema político ha limitado el fortalecimiento de los derechos sociales y la consolidación de la paz. Según Montealegre, "el poder legislativo parece haber renunciado a la democracia deliberativa", lo que ha llevado a la necesidad de una nueva arquitectura constitucional que garantice la participación ciudadana.

Entre los ejes centrales de la propuesta se encuentran la reforma del Sistema de Salud, la garantía del derecho a la vivienda, y el reconocimiento de la Autonomía Territorial Indígena. Además, se plantea la creación de mecanismos para abordar la corrupción, transformando la Contraloría General en un tribunal de cuentas con mayores capacidades de control.

El proyecto también incluye la posibilidad de que el presidente de la República obtenga facultades extraordinarias para actuar en caso de omisiones legislativas en temas sociales críticos. Montealegre subrayó que "el Congreso ha mostrado una ausencia de interés en materia social", lo que justifica esta medida.

La Asamblea sesionará durante tres meses, comenzando 30 días después de la elección de los delegatarios. La ciudadanía será convocada a decidir sobre dos preguntas clave relacionadas con la convocatoria y los límites de la Asamblea.

Este proyecto no solo abre un debate jurídico, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro político del país. Si se concreta, podría redefinir los equilibrios de poder y la estructura institucional de Colombia. Sin embargo, la oposición ha calificado la iniciativa como "ilegal, arbitraria y dictatorial", advirtiendo que no permitirá su aprobación. La propuesta de la Asamblea Constituyente se presenta en un contexto de creciente polarización política, lo que plantea desafíos significativos para el Gobierno de Petro en su búsqueda de reformas sociales y democráticas.