El pasado 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Congreso de la Unión dos iniciativas clave: una reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992 y la nueva Ley General de Aguas (LGA). La primera busca actualizar la regulación de los usos productivos del agua, mientras que la segunda se centra en garantizar el derecho humano al agua, conforme a los artículos 27 y 4º constitucionales.

La propuesta de reformar simultáneamente ambos marcos legales pretende ordenar las concesiones de volúmenes de agua y fortalecer el control institucional. Entre los principales cambios se incluyen la prohibición de transferir títulos entre particulares, una mayor vigilancia técnica sobre las condiciones hídricas regionales y el cumplimiento fiscal como requisito para prórrogas. También

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