La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha confirmado que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a empresarios estadounidenses por su presunta implicación en el huachicol fiscal, un fenómeno que implica el contrabando y la evasión fiscal de combustibles. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum destacó que hay varias carpetas de investigación que incluyen a estos empresarios, lo que sugiere una red de tráfico ilegal de combustibles que opera de manera transnacional. "Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación porque no se puede explicar que venga combustible de Estados Unidos a México y que entre de manera ilegal", afirmó la mandataria. La presidenta también mencionó que algunas de estas investigaciones ya han resultado en órdenes de aprehensión, mientras que otras continúan bajo reserva. Sheinbaum subrayó que el huachicol fiscal ha disminuido significativamente gracias a un aumento en la vigilancia en aduanas y a las recientes detenciones. "Ya es bastante menos, eso es muy importante, porque a partir de la investigación que se hizo, de las detenciones que ha habido y de la vigilancia mayor en aduanas, ha disminuido de manera importante", agregó. El huachicol fiscal se refiere al contrabando técnico de combustibles mediante prácticas como la subvaluación, la facturación falsa o la triangulación de importaciones, lo que permite evadir impuestos y afecta las finanzas públicas de México. Sheinbaum también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está al tanto de las investigaciones y que se mantiene una comunicación constante con las autoridades estadounidenses. "No sé si esté relacionado este caso con las carpetas de investigación que ya están en la fiscalía, pero lo cierto es que sí había un vínculo", indicó. A principios de septiembre, la FGR anunció la apertura de un juicio contra diez marinos y funcionarios aduaneros por su supuesta implicación en una red de contrabando de combustible. Se estima que las pérdidas por estas operaciones ilícitas podrían alcanzar los nueve mil millones de dólares al año. La cooperación binacional entre México y Estados Unidos se ha vuelto crucial para combatir este delito que afecta la economía nacional y la recaudación fiscal. La situación sigue en desarrollo, y se espera que las investigaciones arrojen más información sobre la red de complicidades que permite el ingreso ilegal de combustibles al país.