El Ministerio de Hacienda y ERC llegaron el pasado lunes a un punto de bloqueo en las conversaciones sobre la nueva financiación autonómica , que los republicanos han convertido en su talismán de la legislatura. Después de haber mantenido una docena de reuniones desde la vuelta del verano, algunas a tres bandas junto al Govern, en la última sesión los republicanos consideraron que había llegado la hora de constatar que había un desacuerdo de fondo.

Los de María Jesús Montero tienen ya prácticamente cerrada una propuesta de modelo para el conjunto de las autonomías. Según fuentes al corriente de los números del Ministerio, el nuevo reparto supondría una mejora de los ingresos de la Generalitat de Catalunya de algo más de 4.000 millones, una cifra que los de Oriol Junqueras no ven mal de entrada.

Sin embargo, en ERC están muy molestos porque creen que, aunque la cifra final sea razonable, el modelo que ofrece Hacienda no garantiza, no ya una ordinalidad estricta, sino que Catalunya mejore alguna posición de ingresos por habitante respecto a la situación actual. De tal forma que los miles de millones que se ganarían en un año de bonanza económica como el presente podrían convertirse en infrafinanciación si llegase una peor recaudación, algo que ya ocurrió con el anterior modelo.

El Ministerio, por su lado, ve su oferta a las comunidades como generosa y equitativa. La clave estaría en mejorar más de 20.000 millones de euros los ingresos del conjunto de las autonomías a cambio de una merma en los de la Administración General del Estado. Un reequilibrio hacia las administraciones que sostienen el grueso de la política social.

No hay sobre la mesa ninguna singularidad para Catalunya en el esquema previsto por Hacienda, ni tampoco se contempla la ordinalidad, pese a que en Catalunya es una reclamación de consenso . El argumento central del Gobierno es que cualquier reforma de la financiación debe contar con votos suficientes en el Congreso. Algo que, entienden, no ocurriría si se llevase adelante la financiación singular tal como quedo pactada entre ERC y PSC para la investidura de Salvador Illa.

Mientras que el Govern de Illa trata de ponerse de perfil y quitar peso al concepto de ordinalidad, en ERC avisan de que presentarán batalla. Que el sudoku de la nueva financiación garantice unos ingresos para la Generalitat acordes al nivel de recaudación que se efectúa en Catalunya es un mínimo que en Esquerra no están dispuestos a rebajar. Aunque no prevén, bajo ningún concepto, levantarse de la mesa, han manifestado al Ministerio que el acuerdo está muy lejos.

En esta tesitura y después de varios aplazamientos, en Hacienda han optado por convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera sin esperar a llegar a un entendimiento, ni siquiera parcial, con ERC. El día 3 de noviembre está marcado en el calendario como fecha idónea, aunque esta vez incluso podría celebrarse un día diferente al lunes. La idea es presentar a las comunidades los números sobre el techo de gasto, algo necesario para avanzar en los Presupuestos.

Pero es inevitable que en ese mismo foro aparezca la cuestión de la financiación. “Si Montero dibuja un marco general o unos principios, nada que decir, pero si presenta el modelo que nosotros conocemos como definitivo, hasta aquí hemos llegado, ya nos veremos en la tramitación”, aseguran, contundentes, fuentes de ERC.

El momento es de máxima tensión no solo por la relación entre el Gobierno y ERC, sino por los efectos de bloqueo que esto puede tener en los Presupuestos de Sánchez y de Illa. Ambos llevan desde el principio de la legislatura sin cuentas y, sobre todo, el president tiene prisa por consolidar su mayoría de la investidura jalonando una nueva ley económica. Algo que, sin acuerdo de Junqueras y Montero, no pasará.

La recaudación del IRPF también se estanca

El pacto entre PSC y ERC suponía un nuevo modelo de financiación singular para Catalunya que respetase la ordinalidad y, además, en el que la recaudación del conjunto de los impuestos se hiciese desde la Generalitat. Esta segunda pata de la negociación, la de la Agencia Tributaria Catalana, parecía a priori lo menos difícil a nivel político, pese a que desde el punto de vista técnico nadie negaba su complejidad.

PSC y ERC, junto al Gobierno, llegaron a negociar la proposición de ley que modificaba diversas normas para habilitar a la Generalitat a recaudar, momento en el que podría desplegar su Agencia Tributaria, con horizonte en 2028 . Pero desacuerdos de último momento hicieron que finalmente fuese el grupo republicano quien registrase esta proposición en solitario .

Los de Junqueras han avisado reiteradamente que dar trámite a esta iniciativa es fundamental para que haya acuerdo en lo demás. Pero, en las últimas semanas, la negociación sobre la recaudación también se ha ido envenenando, ya que Hacienda considera que no es una cuestión prioritaria. Los republicanos aseguran que, sin ser una línea roja, el hecho de que la parte de la recaudación no avance ha proyectado desconfianza en las conversaciones sobre el modelo de financiación.