La suspensión provisional del decreto con el que el Gobierno de Gustavo Petro implementaba su reforma a la salud generó un escenario de alta incertidumbre sobre el futuro inmediato del sistema y la legalidad de varias medidas que ya estaban en marcha, principalmente la creación de los Centros de Atención Primaria (CAPS) y el reciente traslado de millones de afiliados entre EPS.

El interrogante central, tras el fallo del Consejo de Estado que frenó la norma por considerar que el Ejecutivo invadió competencias del Congreso, se centra en qué ocurrirá con las decisiones administrativas que se tomaron bajo el amparo de dicho decreto.

El representante a la Cámara Andrés Forero, quien interpuso la demanda, explicó que la norma suspendida era la base legal para varios de los cambios más polémico

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