Mientras Lima se encuentra en estado de emergencia y las reuniones masivas están prohibidas, los mineros informales de distintas regiones continúan con protestas exigiendo la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por cinco años más. En lugar de asumir una posición firme, el Ejecutivo ha optado por delegar la responsabilidad al Congreso, según las declaraciones del premier Ernesto Álvarez, quien señaló que esperará la decisión parlamentaria.

El dilema no es nuevo: renovar el Reinfo puede significar un incentivo para la minería ilegal, mientras que cerrarlo abruptamente podría afectar a los pequeños mineros en proceso de formalización. Sin embargo, mantenerlo vigente sin un plan serio de control equivale a legalizar la ilegalidad. Y eso es exactamente lo que ha v

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