El presidente de EEUU amenaza con "operaciones terrestres" mientras aumenta el despliegue del Ejército en la región y se elevan a diez los ataques extrajudiciales de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico con al menos 43 muertos

Trump, sobre la Argentina de su aliado Milei: “Se están muriendo, no tienen nada, están luchando por su vida”

Un portaaviones se acerca a Colombia y Venezuela. La presencia militar en la zona no deja de aumentar desde hace semanas. Y este viernes se ha conocido el décimo ataque contra una embarcación en aguas internacionales, lo que eleva a 43 personas asesinadas en estas ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército de Estados Unidos.

El envío del portaaviones más avanzado de la Armada de EEUU al Caribe supone un paso más en la escalada de la campaña militar de la Administración Trump que amenaza a los gobiernos de Latinoamérica, fundamentalmente a los de Nicolás Maduro y Gustavo Petro, en Venezuela y Colombia, con la excusa de combatir al narcotráfico sin aportar una sola prueba de ello.

Así, el secretario de Defensa (ahora de Guerra), Pete Hegseth, ha ordenado el envío al Caribe del portaaviones USS Gerald R. Ford, hasta ahora desplegado en el Mediterráneo, con docenas de aviones de combate y buques de guerra de la Armada que acompañan al portaaviones.

El portaaviones se suma a una unidad de helicópteros de élite estadounidense desplegados en las últimas semanas, los Night Stalkers, que han participado en intervenciones estadounidenses en el pasado, desde Granada y Panamá hasta Irak, Afganistán y Somalia.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmaba este jueves que no tiene previsto acudir al Congreso a pedir una declaración de guerra, si bien él mismo está tratando como un Ejército enemigo a los supuestos integrantes de bandas venezolanas como el Tren de Aragua, catalogadas como organizaciones terroristas internacionales. Su coartada es que con cada ataque se salvan “25.000 vidas estadounidenses” porque se trata de “narcoterroristas que envenenan a los ciudadanos”, por lo que sus ataques preventivos supondrían un acto de autodefensa.

Sin embargo, EEUU no está aportando una sola prueba de lo que dice: ni de la carga de las supuestas narcolanchas, ni de la identidad de los supuestos narcoterroristas, ni la ruta de las embarcaciones... Nada de nada que apoye sus ataques y su versión de la historia.

Es más, en estos días se ha evidenciado las fisuras de la operación estadounidense con la puesta en libertad en Ecuador, un país afín políticamente gobernado por el derechista Daniel Noboa, del superviviente entregado por EEUU tras uno de sus ataques. Es decir, que las víctimas que no son asesinadas bajo sospecha de ser “como Al Qaeda”, en palabras del secretario de Guerra, Pete Hegseth, o “como el ISIS”, en términos de Donald Trump, quedan en libertad sin cargos.

En una entrevista con la CNN, Noboa ha declarado que Ecuador ha pedido al Gobierno estadounidense más información sobre el ataque de la semana pasada, en el que sobrevivió un ciudadano ecuatoriano, Andrés Fernando Tufiño, quien fue repatriado y liberado por la fiscalía ecuatoriana tras no tener ninguna prueba de que hubiera cometido ningún delito. “No hay suficientes pruebas”, ha dicho el presidente ecuatoriano, “de acuerdo con la Constitución ecuatoriana, sobre si cometió o no un delito. Estamos pidiendo a EEUU que nos proporcione la información, la acusación y los detalles para que podamos procesarlo conforme a la legislación ecuatoriana”.

“Una nueva etapa de hostilidad en el sur”

“Estamos en una nueva etapa de hostilidad estadounidense en el sur”, afirma Alexander Main, director de Política Internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR): “La dinámica no es desconocida, pero representa una nueva y peligrosa escalada con un abierto desprecio por el derecho y los acuerdos internacionales, así como por las normas diplomáticas y de derechos humanos. Como ha señalado el académico Greg Grandin, América Latina suele ser un laboratorio para los experimentos políticos, militares y de inteligencia de Estados Unidos, por lo que la escalada actual podría tener profundas implicaciones más allá de la región”.

El presidente brasileño, Lula da Silva, antes de su viaje a Malasia en el que coincidirá con Trump, ha afirmado este viernes: “No se puede decir se va a matar gente. Hay que arrestar a las personas, juzgarlas, determinar si traficaban o no y luego castigarlas conforme a la ley. Eso es lo mínimo que se espera de un jefe de Estado”.

En efecto, este jueves en la Casa Blanca, Trump abrió la puerta a que la Administración informara al Congreso sobre los ataques en el Caribe y el Pacífico, pero descartó que fueran a buscar una declaración de guerra. “No voy a pedir necesariamente una declaración de guerra”, dijo Trump: “Solo estamos tratando de matar a la gente que trae drogas a nuestro país. Los vamos a matar, van a estar prácticamente muertos”.

“Vamos a ir al Congreso”, dijo el presidente de EEUU: “Les contaremos lo que hacemos y creo que probablemente les parecerá bien, excepto a los lunáticos de la izquierda radical”.

A principios de este mes, una resolución que exigía a Trump reclamar poderes de guerra para seguir con su guerra en aguas internacionales de América Latina, cayó en el Senado por 51 votos a favor y 48 en contra, con solo dos republicanos, Rand Paul y Lisa Murkowski, votando a favor. Está previsto que haya otro intento en las próximas semanas.

Para hacer frente político a la escalada de Trump en la región, la Internacional Progresista ha impulsado una alianza de parlamentarios de más de una docena de países de América Latina y el Caribe para defender la región como una “Zona de Paz”.

“El pretexto es conocido”, escriben, “el presidente Trump ha justificado la intervención estadounidense en Venezuela como un medio para combatir los 'cárteles', celebrando los ataques letales contra pescadores acusados de transportar drogas. Ya hemos vivido esta catástrofe. En Colombia, México y en toda nuestra región, la primera 'Guerra contra las Drogas' de Estados Unidos solo trajo derramamiento de sangre, despojo y desestabilización. Ahora, el gobierno de Trump planea liderar una nueva 'Guerra contra las Drogas'. Esa guerra puede comenzar con un cambio de régimen en Venezuela, pero ya sabemos que no terminará allí. Estados Unidos ya está amenazando con ataques ilegales con drones en suelo mexicano en nombre de su 'seguridad nacional'. Si no defendemos la paz ahora, corremos el riesgo de una nueva ola de intervenciones armadas en toda la región, desatando una crisis humanitaria de escala inimaginable en todos nuestros países”.

El historial de acciones encubiertas de EEUU en América Latina y el Caribe, como las que acaba de aprobar Trump, es elocuente. En 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala, lo que dio inicio a décadas de inestabilidad. La invasión de Bahía de Cochinos a Cuba en 1961, respaldada por la CIA, terminó en desastre, y la agencia intentó repetidamente asesinar a Fidel Castro. Ese mismo año, sin embargo, la CIA suministró armas a los disidentes que asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el líder autoritario de la República Dominicana.

La CIA también participó en un golpe de estado en Brasil en 1964, la muerte del Che Guevara y otras maquinaciones en Bolivia, un golpe de estado en Chile en 1973 y la lucha de la Contra frente al gobierno sandinista de Nicaragua en los años 80.

“Sigue siendo un asesinato”, ha tuiteado el presidente colombiano, Gustavo Petro tras el primer ataque esta semana en el Pacífico, “ya sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del gobierno estadounidense infringe las normas del derecho internacional”.

Las palabras de Petro llegan después de varias declaraciones incendiarias del presidente de EEUU, en las que amenazaba: “Más le vale que se cuide o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. Es un narcotraficante, se dedican a fabricar droga”.